El proceso para ejecutar la primera fase de desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña con una duración de 3 años, que se prevé irá de 2023 a 2026, ya acumula la tramitación de contratos por valor de 30 millones de euros. Los cuatro últimos, en fase de presentación de ofertas hasta finales de este mes, afectan a cuestiones tan importantes como el servicio de dirección, supervisión de obras y su oficina técnica o la prestación del servicio de bomberos de protección contra incendios, el primero con un presupuesto de 3 millones y el segundo, de 6,8 millones. Al mismo tiempo, está abierto el plazo para las empresas interesadas en el servicio de gestión de recursos y servicios generales, así como de las que deseen prestar asistencia sanitaria, vigilancia de la salud y transporte sanitario en ambulancia durante los tres años del arranque del desmantelamiento, contratos de 1,1 millones cada uno.
Sumando estos procedimientos a los que ya cerraron el plazo de presentación de ofertas y avanzan hacia su resolución y adjudicación a lo largo del otoño, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)ya está movilizando 30 millones en contratos. Uno de los más importantes, por 7,6 millones, afecta al servicio de ingeniería para el diseño, licenciamiento y dirección de obra de las futuras instalaciones de apoyo que se construirán junto al Almacén Temporal Individualizado (ATI) donde se colocarán al aire libre los contenedores con el combustible gastado. Estas instalaciones, su personal y equipamiento técnico tendrán como finalidad supervisar la seguridad de los contenedores de forma continua y regular o proceder a reparaciones, en caso de que sea necesario. Solo diseñar esta infraestructura va a suponer 7,6 millones y de las tres uniones temporales de empresas que se han presentado al concurso, la que mayor puntuación ha obtenido es la formada por las firmas Idom Consulting, Architecture, Westinghouse e Ingecid.
Mientras, el próximo mes de octubre está previsto que se abran las ofertas relativas al contrato para la gestión, acondicionamiento y expedición de residuos radiactivos, con un presupuesto de 3,5 millones, así como el del Servicio de Protección Radiológica, con un coste estimado en 6,7 millones siempre para los tres años de la fase 1 de desmantelamiento.
En esta primera fase está previsto abordar el vaciado de la piscina del combustible gastado, residuos radiactivos de alta actividad, siempre que se hayan fabricado y licenciado los 44 nuevos contenedores que Enresa ha encargado a Ensa por 138 millones de euros.