La dimisión de Carlos Lesmes ha desbloqueado las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el distanciamiento que han mantenido durante casi 200 días el presidente de gobierno y el líder de la oposición. No hay acuerdo, pero se ha dado un paso importante porque, si no se tuercen las cosas el acuerdo podría concretarse en próximos días.

Las primeras noticias eran esperanzadoras: había acuerdo. Las puedas de prensa de Bolaños y Pons pusieron las cosas en su sitio: ha mejorado el clima, pero el gobierno se resiste a lo que exige el PP, el compromiso de que se cambiará la fórmula de elección de los miembros del Consejo para dar más protagonismo a las asociaciones profesionales. Es por otra parte lo que pide la Unión Europea y su comisario de Justicia, pero después de esa esperanza inicial, la coa ha quedado en "ya veremos".

La lucha por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, han empañado las relaciones entre gobierno y PP en toda la legislatura, y han envenenado las relaciones entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, entre otras razones porque el gobierno aseguraba que había llegado a un acuerdo con Teodoro García Egea que el PP de Feijóo no asume porque lo desconocía, y porque ese supuesto acuerdo no recogía la posición del partido, de cambiar el sistema de elección inmediatamente después de la renovación, no más tarde de seis meses.

El gobierno ha señalado al PP como responsable del bloqueo de la renovación, y acusando a Feijóo y a su equipo de no respetar la Constitución, mientas que el PP respondía que no podía admitir la estrategia del gobierno de controlar las instituciones y, también, de no cumplir las recomendaciones de las Unión Europea, que pedían también que se tomaran medidas que garantizasen la independencia de los jueces y que fueran elegidos por sus propias organizaciones, al margen del poder político. El propio comisario europeo de Justicia se trasladó a Madrid hace unos días para intentar interceder ante las partes, pero regresó a Bruselas con las manos vacías.

En todo este complicado asunto lo que más importa al gobierno es que se proceda a la renovación de los vocales del Constitucional que deben elegir el CGPJ y el Parlamento. Así, en el TC habría mayoría progresista en lugar de la actual conservadora, y además se elegiría a un nuevo presidente … que sería progresista. Esa es la clave. Cree el gobierno que con una nueva mayoría quedaría garantizaría que el alto tribunal se manifestaría en un futuro a favor de la constitucionalidad de una serie de leyes recurridas por el PP Vox y que son decisivas para que el gobierno de coalición saque adelante sus iniciativas más polémicas.

Lesmes ha provocado un encuentro importante, con avances. Pero aún no se ha producido el deseado y necesario acuerdo sobre la renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional. Todavía.