La crisis del precio de los carburantes sigue tensando cada jornada que pasa la economía regional y nacional, con una huelga de transporte que amenaza con romper la cadena de distribución y los ciudadanos llevándose un susto cada vez que ven el importe a pagar reflejado en los surtidores de gasolina o diésel. Una tormenta contra la que el Gobierno central anunciará este martes 29 de marzo las medidas que adoptará para poner coto al alza constante del precio de los carburantes. Medidas que todo hacen indicar que podrían pasar por una rebaja fiscal sobre alguno de los dos tributos que soportan el precio del litro de la gasolina y el diésel –el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA–, algo que innegablemente tendría consecuencias sobre las arcas de la Junta de Castilla y León. Y es que el Gobierno regional recibe cada año casi 1.000 millones de euros del Estado vinculados a los tributos de los carburantes, una cuantía que supone casi el diez por ciento de los cerca de 12.000 que componen el PresupuestoGeneral de la Comunidad. Una cuantía que se reparte entre los 666 millones que el Gobierno transfiere a Castilla y León del Impuesto Especial de los Hidrocarburos –según las cifras presentes en la prórroga presupuestaria– y otros casi 200 millones que llegan camuflados dentro de los 2.000 que la Junta percibe de la parte del IVA que anualmente remite Hacienda a la Comunidad. De hecho durante la última década el Gobierno autonómico ha recibido casi 6.000 millones de euros solo del reparto autonómico del Impuesto de Hidrocarburos.

Con estas cifras, las posibles rebajas fiscales que el Gobierno estudia de urgencia para frenar el precio podrían tener un impacto en las arcas de Castilla y León de entre cien o doscientos millones de euros, en función de hasta donde decida llegar el ajuste del Ministerio. Una realidad que no ha impedido que la mayoría del Gobierno autonómico en funciones, con su presidente Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, hayan reclamado por activa y por pasiva al Ejecutivo Central que 'meta mano' a los impuestos que soportan el coste del carburante para poder aliviar las crisis de precios que, junto a la guerra de Ucrania, están haciendo tambalearse la tan ansiada recuperación económica postcovid.

¿Cómo son estos impuestos?

Y es que el combustible está gravada por dos tributos en España: el IVA y el Especial de Hidrocarburos. En el caso del primero, el tipo actual esta en el 21%, el general. En el segundo, es una figura fiscal que grava en unos 0,47 euros por cada litro consumido de gasolina y en unos 0,38 euros en el caso del diésel, precios regulados por Europa y que cuentan con unos mínimos de los que ningún estado miembro puede pasar. En cualquier caso, cualquier medida que impacte sobre estos tributos tendrá su eco en las cuentas de la Junta, que podría ver reducidos sensiblemente sus ingresos por esta vía. Como ejemplifica la ilustración que acompaña a esta información, del precio del litro de gasóleo A, el más común, el 45% son impuestos –27% corresponde a la tasa de Hidrocarburos y el 17% al IVA–, otro 40 por ciento es para el coste bruto del crudo, y el 15% restante para los costes de distribución y los márgenes de las gasolineras.

No obstante, los técnicos del Ministerio de Hacienda advierten de que hay «poco o ningún margen» para bajar los impuestos a los carburantes, más allá de aumentar la devolución del gasóleo bonificado empleado en la agricultura y ganadería. Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, no se puede bajar el IVA al gasóleo, ni a las gasolinas porque España está «armonizada» con la Unión Europea, que exige aplicar el tipo general del IVA en los carburantes, e incluso demanda que se aumente la tributación de gasolinas y gasóleos a la media europea. «Además, estas medidas que no atacan el problema serán compensadas con el aumento de precios», explica Mollinedo.

Mañueco exige medidas aunque éstas mermen la recaudación
El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «medidas de alcance» para hacer frente a los «graves» problemas que atraviesa el país debido al «agravamiento» de la situación económica que a su juicio «ya era delicada» antes del conflicto bélico de Ucrania y Rusia. Una exigencia que realizó mediante el envío de una carta al presidente nacional, tal y como informó este jueves el portavoz regional, Carlos Fernández Carriedo. Por ello, reclama que con urgencia se bajen los impuestos y se aprueben ayudas directas para los sectores más afectados.  En concreto, demanda la aplicación de un tipo superreducido de IVA sobre la energía, pese a ser «conscientes» de que esta medida también determinaría una reducción de ingresos para la Comunidad.