La llegada al Instituto de Medicina Legal de Burgos de los primeros 'kits' de detección de sumisión química -una treintena- revela que en el Ministerio de Justicia existe una preocupación por el creciente número de delitos sexuales cuyas víctimas -la mayoría mujeres- han consumido -conscientemente o no- sustancias que les han hecho perder total o parcialmente su capacidad de controlar su propia conducta. Amador Martínez Tejedor, jefe de los forenses, advierte de que en este inicio de año «continúa una tendencia de importante incremento» de este tipo de hechos. En concreto, según explica, denunciados por mujeres que acuden «al Hospital Universitario» describiendo «episodios de lagunas mentales durante la noche en los que sospechan que han tenido algún tipo de relación sexual no consentida, bien porque han detectado alguna anomalía en sus órganos genitales o por cualquier otra circunstancia».
Es en ese momento cuando el personal del hospital contacta con el Instituto de Medicina Legal solicitando que se persone un forense para tomar todo tipo de muestras que contribuyan a esclarecer un presunto caso de agresión sexual. El kit de detección de sumisión química contiene dos tubos de contención de sangre y otro para orina, que son enviados con sus precintos -para garantizar la cadena de custodia- al Instituto Nacional de Toxicología, que analiza su contenido en busca de vestigios de todo tipo de sustancias, desde alcohol hasta drogas ilegales.
«Antes de la llegada de este kit también se recogían esas muestras -en tubos que facilitaba el propio hospital- cuando la víctima expresaba la sospecha de que habían abusado de ella contra su voluntad por la ingesta de estupefacientes, pero ahora está todo mucho más protocolizado», advierte Martínez Tejedor. Además, el recipiente para la orina «es de mayor tamaño», lo cual entraña «su importancia», ya que «la ventana de detección es más amplia que en la sangre». «Si en sangre los restos de droga desaparecen en dos días en la orina no lo hace hasta después de cinco, de manera que el análisis de este fluido resulta esencial en los supuestos en los que las víctimas no denuncian al momento», agrega el director del Instituto de Medicina Legal de Burgos.
El Código Penal, tras la promulgación de la 'Ley del sí es sí', ya no diferencia entre agresión sexual y abuso, todo acto sexual que se produzca sin consentimiento, haya o no violencia, es considerado agresión sexual. Y las penas están graduadas, en función de si se aprecian agravantes. Uno de estos es la sumisión química, que cuando es estimada eleva la horquilla de penas a entre dos y ocho años de cárcel en las agresiones sexuales y a entre 7 y15 cuando se trata de una violación, es decir, cuando ha mediado violencia e intimidación.
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