El primer golpe del contraataque del Gobierno después de las elecciones andaluzas ha sido anunciar una rebaja del IVA de la electricidad desde el 10% actual (hace un año estaba en el 21%) al 5%, lo que implicará un recorte de los ingresos del Estado de unos 220 millones de euros al trimestre. El Ejecutivo se desdice así, en la práctica, de la displicencia con que respondió a la propuesta del PP de intentar moderar la asfixia de los consumidores mediante una bajada temporal de los impuestos.

Además, la urgencia en la adopción de este recorte deja entrever que la medida estrella del Gobierno para contener el coste de la luz, el reciente plan para topar el precio del gas utilizado para generar electricidad, no va a dar resultados tan ambiciosos como los que Moncloa lleva prometiendo meses. Esta iniciativa ni es un fracaso absoluto como pareció el primer día ni va a ser la panacea al problema, pero revela, por otro lado, la incapacidad de la Vicepresidencia de Transición Ecológica para encontrar soluciones que, de verdad, alivien el agobio de los ciudadanos. Quizá una gestión con menos dogmatismo ideológico y más sentido técnico hubiera servido facilitar las cosas a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida, que es de lo que se trata, frente a los proyectos personales.

Sin embargo, el reto energético va a requerir de medidas más estructurales y sostenidas en el tiempo. Los analistas señalan ya un otoño tremendamente complicado por las incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania y por la escalada general de los precios de las materias primas en todo el mundo. España, junto con la Unión Europea, debe prepararse ya para dar una respuesta eficaz al bolsillo de los ciudadanos. Es posible que el mecanismo de fijación de precios marginalista, que puede haber sido útil en el pasado, deba ser revisado en profundidad para adaptarlo a la nueva normalidad que se avecina y en la que el mundo estará instalado durante años. La crisis del petróleo de la década de los 70 del siglo pasado implicó cambios profundos en los mercados, en el tejido productivo y en las sociedades y hay que empezar a planificar ese nuevo mundo que está empezando a surgir.

Hasta ahora la respuesta a la escalada de precios energéticos ha supuesto un esfuerzo en las cuentas públicas, bien aumentando el gasto mediante un refuerzo necesario del bono social, bien mediante reducción de ingresos por la vía impositiva. Cabe dudar de que estas estrategias sean sostenibles en el tiempo dado los elevados niveles de deuda, la nueva política del Banco Central Europeo y la subida de los tipos de interés que implican más gasto y, antes o después, una contención del crecimiento que reducirá los ingresos. En este escenario, urge tomar las riendas de la economía con previsión y adoptar las medidas estructurales necesarias que preparen al país para el golpe reduciendo sus efectos sociales. La larga campaña electoral que comenzó ayer no permite ser muy optimistas al respecto.