La España Vaciada quiere convertirse en tierra fecunda de oportunidades. Quiere volver a ver sus pueblos bullir y nada mejor para atraer población que una fiscalidad diferenciada que rebaje el IRPF a trabajadores que fijen su residencia en municipios de menos de 5.000 habitantes, bonifique a autónomos e incentive a empresas que se implanten en el medio rural.

Estas propuestas forman parte de un documento para un nuevo modelo de desarrollo de las zonas despobladas que el movimiento de la España Vaciada presentó ayer en el Congreso, y en el que han trabajado durante los últimos ocho meses 80 plataformas y 160 organizaciones de 28 provincias.

Es un documento «abierto» de la sociedad civil, introducido en un acto en la Cámara Baja por el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que, en nombre de este movimiento, consideró «de justicia» aplicar una fiscalidad diferenciada en estos territorios porque si el Estado no da los mismos servicios, «es justo que no paguen los mismos impuestos».

Se trata de modificar los principales impuestos: Sociedades, IRPF, IVA, Sucesiones y Donaciones además de las cotizaciones a la Seguridad Social y hacerlo en dos direcciones, para compensar a las personas y empresas que ya ubicadas en estos territorios y a quienes decidan trasladar su residencia permanente a núcleos rurales. En el documento también se propone bajar el IVA a los productos del sector primario y una fiscalidad verde que compense a las zonas rurales.

Sobre esto último, argumentan los autores del texto que si la fiscalidad medioambiental lleva implícito el concepto de que «quien contamina paga» debería aplicarse el criterio inverso, es decir, «quien descontamina debe cobrar». Incluir esto sería básico para el mundo rural, ya que abre la puerta a que se valore y compense la labor de los habitantes de los pueblos como agentes medioambientales y protectores del mundo rural.

También entra el texto en el ámbito legislativo y plantea que se reforme el artículo 138 de la Constitución, para que la despoblación se incluya como criterio de solidaridad entre territorios como en su día hizo la insularidad.

Además, la legislación «se debe ajustar a la realidad» para que no se repita lo que ya pasó en pandemia cuando se impusieron a los pueblos «medidas que estaban diseñadas para grandes ciudades».

Ámbito comunitario

En cuanto a la UE, piden la correcta identificación de las zonas escasamente pobladas con indicadores adicionales como el crecimiento natural, grado de envejecimiento o pérdida acumulada de población pero también que las políticas europeas den prioridad a la lucha contra la despoblación y se apliquen a unidades inferiores a la provincia.

Precisamente sobre los fondos europeos, la España Vaciada puso en valor los 10.000 millones anunciados por Pedro Sánchez para el mundo rural, pero recordó al presidente de Gobierno que son solo «el punto de partida» y le exigieron «compromiso real» contra la despoblación. En concreto, el diputado Guitarte instó al Ejecutivo a actuar ya porque para algunos territorios esperar «dos o tres años puede ser desastroso» y hacerlo de «manera sostenida» para que esto se resuelva en un plazo máximo de 30 años, no más allá de 2050. Guitarte exigió a los ministerios «cambiar las inercias» si de verdad quieren subsanar los déficits históricos en infraestructuras o digitalización.

Sobre estos asuntos, el documento vuelve al plan 100/30/30, que asegura la conectividad a internet en 100 megas simétricos en todo el territorio; garantiza el acceso a servicios básicos como la educación o sanidad en desplazamientos de no más de 30 minutos y una vía de alta capacidad a un máximo de 30 km de distancia de cualquier localidad. 

E insiste en un modelo de relación más digital en todos los niveles para implantar «de verdad» el 5G en todas las zonas rurales donde no hay cobertura.

Hay un apartado para los servicios en el que se insiste en que no puede haber desigualdad porque «ser menos no resta derechos».

Sin embargo, en la España Vaciada, dice el documento, se percibe que «ser menos sí resta derechos» y, por tanto, se insiste en aproximar los servicios sanitarios, no alejarlos.

El documento pone también el foco en instaurar la historia clínica universal independientemente del lugar en el que se produzca la atención sanitaria, blindar los consultorios rurales garantizando la asistencia presencial y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario para atraer su talento a la España Vaciada.

Para este mundo rural renovado también se plantea impulsar las energías renovables, el turismo sostenible, el patrimonio, la agricultura ecológica, crear un plan de vivienda rural y un mapa de atención rural en materia de seguridad, que permita una adecuada distribución de los cuerpos de seguridad del Estado basándose en el principio de actuación inferior a 30 minutos.

Pero, para que todo sea posible, también hay que pasar por la educación y renovar el currículo de la Lomloe dotándolo de una visión proactiva del mundo rural.