La Audiencia Provincial ha condenado a un hombre de 41 años de edad a 20 de meses de prisión como autor de un delito de abusos sexuales a una menor con la que estableció contactos de carácter sexual a través de Whatsapp. En una sentencia de conformidad entre las partes, el acusado acepta también una pena de libertad vigilada por un periodo de cuatro años con la obligación de comunicar cualquier cambio de lugar de residencia o de trabajo al tribunal durante los 5 años siguientes al fallo judicial. Y es que también tendrá que cumplir con una medida de prohibición de aproximación a la víctima (a una distancia de 500 metros) durante cuatro años.

Los hechos ocurrieron a principios de septiembre de 2019. La perjudicada, una adolescente de 13 años, conoció al acusado, de 41 y con antecedentes penales cancelados. A partir de entonces empezaron a mantener conversaciones a través de una red social. Días más tarde, en concreto el día 25 de ese mismo mes, el hombre realizó una videollamada a través de una aplicación digital desde su móvil al de la menor. Durante la misma y «con ánimo libidinoso», según consta en la resolución judicial, le mostró sus genitales a la chica. A la jornada siguiente volvió, y también con «ánimo de satisfacer sus deseos sexuales», a realizar otra videollamada a la víctima, a la que exigió que fuera ella quien «mostrara sus partes íntimas», a lo que ésta finalmente accedió. Días más tarde hubo otras dos videollamadas en las que el ahora condenado y la adolescente se enseñaron sus órganos sexuales mutuamente. En una de ellas el hombre llegó a masturbarse, según señala la sentencia. Después, fue él quien bloqueó a la menor en su teléfono, por lo que cesaron las conversaciones entre ambos.

Inhabilitación. Como la pena privativa de libertad pactada entre las partes no supera los seis años de cárcel ha lugar una sentencia de conformidad, según indica la Audiencia, que es la que se dicta para imponer al acusado un año y ocho meses de prisión por la comisión de un delito de abuso sexual a una menor de 16 años. Eso sí, la Fiscalía no se opuso a la posibilidad de suspensión de la ejecución de la pena de prisión siempre que concurran los presupuestos legales y se abone la indemnización.

Además del alejamiento y de la medida de libertad vigilada, la Audiencia inhabilita al condenado durante cinco años para cualquier profesión u oficio retribuido o no que conlleve contacto regular y directo con menores de edad.
Por otro lado, también le impone pagar una indemnización de 1.500 euros que ha de pagar a la perjudicada por los daños y perjuicios que le ha causado.