La Oficina Territorial de Trabajo ha rechazado la solicitud realizada por el Ayuntamiento de Villarcayo para llevar a cabo un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que hubiera afectado a los diez trabajadores de las instalaciones deportivas municipales. La autoridad laboral ha resuelto que no queda constatada la existencia de fuerza mayor alegada por el Consistorio, al no estar incluida entre las actividades susceptibles de llevar a cabo un ERTE por el Real Decreto del Estado de Alarma, ni tampoco estar permitido para las administraciones públicas por el Estatuto de los Trabajadores.

 Trabajo apunta que no está constatada la existencia de fuerza mayor de acuerdo con el Real Decreto de medidas para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, "sin perjuicio de que si en el ámbito de dicha actividad hubiera un descenso de la demanda, pudiéramos encontrarnos ante una causa productiva, pero no de fuerza mayor". Ante esta respuesta, el Ayuntamiento villarcayés consultará con sus servicios jurídicos qué camino tomar para mitigar el impacto económico que el cierre de las instalaciones deportivas, decretado desde el pasado 14 de marzo. "Hemos intentado el ERTE para no generar déficit al Ayuntamiento y, una vez desestimado, buscaremos otras alternativas desde el punto de vista organizativo", manifestó ayer el alcalde, Adrián Serna.

Los afectados por la solicitud del Ayuntamiento son el gerente del polideportivo, sus dos taquilleros y responsables de mantenimiento y sus 7 monitores deportivos, cuyos salarios brutos más las cuotas a la Seguridad Social suponen algo más de 14.000 euros mensuales al Consistorio que ha dejado de cobrar a  los socios y cursillistas de las instalaciones deportivas.