No es sencillo encontrar una definición de vulnerabilidad económica en el sentido en el que las áreas sociales de las administraciones y las ONG utilizan el concepto para referirse a las personas con las que trabajan. El Informe Foessa de Cáritas de 2019, por ejemplo, la vincula «estrechamente a la inestabilidad laboral, a la fragilidad de las relaciones sociales y a la falta de acceso a prestaciones sociales», pero tanto en la definición de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), de la Junta, como en la del Ingreso Mínimo Vital (IMV), del Gobierno central, se pone de relieve la circunstancia que tienen en común ambas ayudas, las principales a las que se tiene acceso en Castilla y León: las dos cubren las «necesidades básicas» de las personas que no disponen de medios económicos para hacerlo y pretenden prevenir la exclusión social. La RGC, además, incluye la palabra subsistencia, es decir, estamos ante apoyo económico para comer, vestirse, comprar medicinas o pagar la hipoteca. En la provincia de Burgos, además, esta población vulnerable puede tener acceso a otros líneas para subsistir como las de urgente necesidad del Ayuntamiento o la Diputación. La suma total de 2021 arroja el resultado de que 3.527 hogares fueron los que recibieron alguna de estas ayudas, lo que supone un poco más del 2,4% del total de los que existían en Burgos según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística que son de finales de 2020.
Así, la RGC fue solicitada por 284 personas y le fue concedida a 206; el IMV tuvo 1.913 beneficiarios adultos, que recibieron una media mensual de 462,22 euros (el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ofrece también el dato de que esas ayudas apoyaron a 1.300 menores), se concedieron 956 ayudas de urgente necesidad municipales (de una media de 634 euros) y 452 por parte de la Diputación Provincial.
Estos números hacen referencia exclusivamente a las ayudas que entregan las administraciones, pero las entidades no gubernamentales tienen también un alto número de beneficiarios, bien porque hay gente que no accede a estas prestaciones o porque ni siquiera les resultan suficientes para hacer frente a todos los gastos más básicos. Así, no es infrecuente que usuarios de Cáritas lo sean, en buena parte, porque se les ha denegado las ayudas de la Junta o del Gobierno.
«No es un indicador». El porcentaje de hogares que según los datos oficiales reciben prestaciones para sobrevivir no da, en opinión de Cáritas, una fotografía real de lo que es la pobreza en esta provincia -«no es, para nada, un indicador de la situación», afirma Diego Pereda, responsable de Sensibilización y Comunicación de la entidad- incluso partiendo del hecho de que al estar Burgos muy industrializado las cifras de paro, por ejemplo, son menores que en otras latitudes.
A cualquiera le puede sorprender, de hecho, que solo 284 personas pidieran el año pasado la Renta Garantizada de Ciudadanía: «La Junta no gestiona ninguna petición si no se solicita antes el Ingreso Mínimo Vital. Ponen como condición que la persona tenga una carta del Ministerio de Inclusión aprobando la petición o denegándola para empezar a solicitar la documentación y por eso hay tan pocas Rentas. Y la gestión del IMV es más que lenta. Se pide y hasta que llega la carta de contestación, en un sentido o en otro, pasa una media de entre cuatro y cinco meses y durante este tiempo la gente tiene necesidades», explica Almudena López, trabajadora social de Cáritas. El incremento del trabajo desde que se aprobó esta prestación y el hecho de que tiene que ser asumido por el mismo personal de la administración central puede estar en el origen del 'atasco' y la tardanza en responder.
(La información completa y el testimonio de una madre de familia que subsiste gracias al Ingreso Mínimo Vital, en la edición impresa o aquí)