Paradojas del destino, el debate sobre la conveniencia o no de mantener la apuesta por la energía nuclear se reabre justo en el momento en el que se cumple el décimo aniversario del principio del fin de Santa María de Garoña. El 6 de septiembre de 2012, Nuclenor, compañía propiedad de Endesa e Iberdrola, comunicaba que no renovaba el plazo de la licencia de operación, dando por terminado un tira y afloja con el Gobierno que ya duraba años. Tres meses después, el 16 de diciembre, se apagaba el reactor y se desconectaba de la red eléctrica. El 6 de julio de 2013, cesó definitivamente la actividad en la central, que entonces daba empleo a 385 personas, entre personal fijo y de las contratas. Hoy, Garoña, que mantiene a cerca de 200 trabajadores, ultima la transición hacia su desmantelamiento.

La central burgalesa dejó de funcionar en plena tormenta política y ciudadana sobre el futuro de la energía nuclear en España. En su apagón pesó sobremanera el agotamiento de su vida útil y el cambio de los criterios de seguridad en esta industria propiciados tras el desastre de Fukushima. El reactor japonés, afectado por el enorme tsunami que desencadenó el terremoto del 11 de marzo de 2011, también era de agua en ebullición como el de Garoña y de una potencia instalada muy similar a los 460 megavatios del burgalés. 

 Nuclenor estimó una factura extra de 85 millones de euros (cada año de actividad) para asumir los enormes sobrecostes en actualizaciones y seguridad que recaían sobre una instalación que entró en funcionamiento en marzo de 1971. 

Garoña se utilizó como modelo a seguir para la paulatina desconexión de los 7 reactores (repartidos entre 5 centrales) aún activos, el fin de la energía nuclear en España y el salto definitivo a las renovables, pasos que también están dado buena parte de los vecinos europeos, con Alemania a la cabeza y la excepción de Francia.

Pero hace diez años no existía -ni se intuía- el debate sobre el riesgo de desabastecimiento energético continental, ni sobre el precio desbocado del gas y la electricidad. La posibilidad de una guerra a las puertas de Europa era remota y Rusia engordaba sus arcas como suministrador de gas de referencia. 

Todo ha cambiado. La prórroga de la vida útil de las centrales europeas es un hecho mientras no haya visos de una vuelta rápida a una tranquilidad en suministros y precios. Los empresarios ya han pedido retomar el polémico debate e incluso esta misma semana Vox planteó en Burgos la reapertura de las instalaciones del Valle de Tobalina instalando un nuevo reactor. La Junta ya ha matizado de que todo lo que se decida en Garoña es asunto de sus propietarios, «si así lo deciden», con permiso del Consejo de Seguridad Nuclear. 

Nuclenor ha cerrado cualquier debate: «Transcurridos más de 5 años desde la declaración de cese definitivo de la central, ejecutadas las desconexiones y desmontajes durante estos años para avanzar en el desmantelamiento, y teniendo en cuenta las autorizaciones, los muy elevados costes y plazos requeridos que serían similares a los de una nueva autorización, consideramos que no sería viable la reapertura de la central».

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