La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha ratificado la posición del Ayuntamiento de Burgos al estimar procedente el despido colectivo de 10 docentes de la ya extinta Escuela de Relaciones Laborales. La pretensión de los profesores de ser subrogados o, al menos, de recibir una mayor indemnización no han sido atendidas por los magistrados, que ven justificada la salida de los profesionales en los términos planteados por el Consistorio por causas económicas, organizativas y productivas.
El fallo ha sido celebrado en el número 1 de la Plaza Mayor ya que la factura para el Ayuntamiento se habría visto duplicada en el caso de que el TSJ hubiera entendido los despidos como improcedentes. El coste de la salida de los trabajadores para las arcas municipales se quedará finalmente en los 500.000 euros y no en el millón que se estimó que habría habido que desembolsar en el caso de que los profesores hubieran obtenido la victoria en los tribunales.
El pasado mes de octubre se produjeron cuatro reuniones de negociación con los trabajadores y fue en noviembre cuando se produjo ya la extinción de los contratos (fijando una indemnización de 24 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades).
La sentencia viene a ratificar que el camino seguido por la Escuela hasta su extinción evidencian las causas del despido objetivo y que no existe derecho a la subrogación. En el primero de los casos se recuerda cómo en los últimos años (mientras se iba desmantelando la Escuela) se reducían las matrículas y los costes del personal crecían hasta superar el 95% del presupuesto. Se da por hecho un déficit estructural.
Niega el fallo, como pretendían los demandantes, que se hubiera producido una «acción fraudulenta», que la situación económica hubiera sido provocada por el Ayuntamiento o que se haya producido lo que en el argot laboral se conoce como una sucesión de empresas. Y lo niega, entre cosas, porque la Universidad no ha heredado la sede, los bienes ni la plantilla. En este último caso, porque legalmente no podía. Por tanto, no cabe hablar de subrogación.
El origen. El fallo recuerda que el Patronato de la Escuela de Relaciones Laborales se constituyó en 1990 y era voluntad que se integrara en la Universidad de Valladolid (no existía entonces la de Burgos) «en el menor plazo posible».
Ese paso no se llegó a dar y en 1994 fue la Universidad de Burgos, a raíz de su creación, la que se convirtió en heredera. No de los derechos y obligaciones, sino como institución que debía de controlar los estudios que allí se impartían.
El Presupuesto del Patronato de la Escuela corría por cuenta del Ayuntamiento (60%) y de la Diputación (40%). Descontando los pequeños ingresos, eso sí, que se obtenían por las matrículas, derechos de examen...
Fue en 2015 cuando se comenzaron a dar ya pasos decisivos por parte del Ayuntamiento para desvincularse de la Escuela. En 2017, el rector de la UBU mostró su disposición a acoger los estudios pero dejó claro que no podía heredar los medios materiales y humanos.
Dos años después se inició el proceso de disolución y se marcó el compromiso de negociar un plan de empleo, de buscar recolocaciones, facilitar jubilaciones... Pero llegó 2020 y las negociaciones se dieron por finalizadas al entender que «la integración era jurídicamente inviable». La UBU recorrió su propio camino y creó, casi de cero, el nuevo grado.