Ha pasado más de medio año desde que la compañía italiana Morato Pane, que adquirió en enero de 2021 la planta briviescana de Cerealto Siro Foods, anunciara el despido de 42 trabajadores, 31 de mano de obra directa y 11 de mano de obra indirecta. Tras meses de angustia y una dura negociación entre la dirección general y el comité de empresa, 21 empleados solicitaron el despido voluntario, de los que finalmente se han llevado a cabo 11. Ante la gran cantidad de peticiones, la compañía estudió a nivel operativo y económico si tantas destituciones resultarán viables y comprobó que no.
A día de hoy, la situación de la empresa «se ha logrado estabilizar, además de por las salidas laborales, por la flexibilización del ERTE, utilizado para paliar la caída de volúmenes motivada por el incremento de los precios de la bollería», aclaran fuentes de la dirección, por lo que la plantilla «se mantendrá en las mismas cifras», añaden. La firma italiana propuso en el preacuerdo alcanzado en diciembre del pasado año 11 despidos voluntarios pertenecientes al grupo colectivo de mano de obra indirecta, mantener los sueldos y ampliar el ERTE hasta 2023.
En lo relativo al desarrollo de las negociaciones, en un primer momento se planteó por parte de la compañía un total de 42 extinciones contractuales, todo ello, al amparo de las causas económicas, productivas y organizativas recogidas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Una de las cuestiones centrales sobre las que basaban la necesidad de adoptar la medida fue la rigidez constatada a la hora de aplicar el ERTE vigente en la empresa, que impedía optimizar adecuadamente el capital humano, «no adaptándose ni a los turnos ni a líneas productivas de la sociedad, lo que originaba consecuencias negativas no solo a nivel económico por las pérdidas que se generaban, sino a nivel de calidad del producto, ya que los parones en las líneas repercutían sobre el producto final», explicó en su momento Elisa de Torres Martínez, directora general de Morato Pane en España.
Todo ello iba aparejado a otras circunstancias ajenas a la voluntad empresarial, como la subida del precio de la materia prima, requerida para elaborar los artículos, y el aumento generalizado de la energía, en concreto de la electricidad. Finalmente, lograron acordar una indemnización de 45 días de salario por año de servicio con un tope de 42 mensualidades, que entró en vigor el pasado 30 de abril.
Con el fin de reducir las extinciones contractuales lo máximo, ambas partes pactaron modificar el Expediente de Regulación Temporal de Empleo vigente con el objetivo de flexibilizar las medidas pactadas en su momento. Para lograrlo suprimieron la bolsa de horas a cargo de la empresa, la cual era requisito previo a la aplicación del ERTE, así como la ampliación de los días en que se puede materializar la medida y las jornadas de preaviso de afectación a los trabajadores.
Asimismo, acordaron mantener el compromiso empresarial de no plantear ERE extintivo o despidos objetivos hasta el 31 de diciembre de 2023. Las subidas salariales no han corrido ningún riesgo, tal y como prometieron desde la empresa, y la última del 2% pactada por convenio se ejecutó en enero. Las tablas salariales también se conservan al igual que los sueldos y el plus de antigüedad.
Obstáculos. La directora general de Morato Pane en España declaró a DB que la planta briviescana tiene dos serios problemas con los que lidia cada día. Por un lado «una tasa horaria muy elevada», que hace que «no resulte una fábrica competitiva», y por otro la antigüedad de las instalaciones. «Pedir dinero para tapar un boquete en vez de destinarlo para mejorar hace que todo se desplace más. Son los dos grandes caballos de batalla que tenemos que ir encauzando, pero lo urgente es limitar las pérdidas», manifestó. La idea que contempla para los próximos años es negociar una subida con los clientes, mejorando la eficiencia y la organización para acotar los daños.