Que el gobierno de coalición ha tenido muchas ocasiones para romperse a la hora de debatir y aprobar proyectos de ley salidos del Consejo de ministros es una evidencia, porque desde la parte morada se ha tratado de llevar al límite sus proyectos políticos, mientras que la parte socialista, con un mayor sentido de Estado y de experiencia de gobierno ha frenado algunas de esas arremetidas, aunque en otras ocasiones ha cedido o matizado las propuestas de Unidas Podemos para demostrar que era un partido más de izquierdas que propiamente socialdemócrata. Ejemplos de las discrepancias entre ambas almas del Ejecutivo las ha habido desde el comienzo de la legislatura y finalmente han logrado un punto de encuentro haciendo de la necesidad virtud. Pero el enfrentamiento a costa de la conocida como Ley Trans ha alcanzado una dimensión inusitada, y en este caso las posiciones de UP han salido vencedoras y cada vez es más posible que la aprobación de la ley quede resuelta antes de que acabe el año.
Del departamento de Irene Montero han salido algunas leyes que han centrado la batalla cultural entra la derecha y la izquierda e incluso ha abierto un boquete entre el movimiento feminista y en el seno del PSOE. Que los problemas en torno al feminismo iban a surgir era una probabilidad cierta desde el momento que Pedro Sánchez situó al Ministerio de Igualdad en la esfera de Podemos y retiró esas competencias a Carmen Calvo, elevada a la vicepresidencia primera y que en la actualidad es la presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.
Irene Montero y Yolanda Díaz han considerado una afrenta que se haya vuelto a ampliar el plazo de enmiendas a la ley que reconoce el derecho a la autodeterminación de género, que a su juicio es un sentimiento y una construcción cultural y, por tanto, consideran que sea suficiente con querer cambiar de sexo para poder hacerlo. Y la edad y las condiciones para ejercer ese derecho. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado luz verde a que se mantenga el principio de autodeterminación de género y las enmiendas irán en la línea de su relación con la violencia de género. Y como si se tratara de un berrinche de patio de colegio, el grupo parlamentario de Unidas Podemos ha reaccionado a la dilación presentando una batería de enmiendas a la ley que trata de prohibir la prostitución que, esta sí, es una batalla de las feministas del PSOE y de otros colectivos, mientras que Unidas Podemos apuesta por su regulación.
La ley Trans tiene muchos elementos controvertidos, más allá de su intención de despatologizar la disforia de género, como la falta de una intervención médica o psicológica que si es necesaria tener en cuenta para el ejercicio de otros derechos, como la eutanasia, o que se base más en criterios ideológicos que científicos. O que no tenga en cuenta la experiencia de otros países en los que una ley similar se encuentra vigente y que han comenzado a replantearse su modificación por los efectos contraproducentes que ha tenido su aplicación, en muchos casos irreversibles, porque van más allá del mero cambio de sexo en el registro y se adoptaron en una edad muy temprana, si bien es cierto que es en esa edad cuando la disforia de género es causa de problemas psicológicos también ligados al acoso.
Que exista un acuerdo político sobre la Ley Trans no oculta que son cada vez más las opiniones contrarias a la tramitación de esta ley en sus términos actuales, y que es necesario un mayor debate público acerca de ella.