La decisión de eliminar la zona azul de toda la ciudad a partir de septiembre del próximo año genera todo tipo de opiniones. Hay quienes consideran que es innecesario pagar por aparcar en una localidad de las dimensiones de Miranda, pero también hay muchas personas que temen que la supresión del estacionamiento regulado genere problemas de tráfico, y sobre todo, que resulte imposible encontrar un sitio en el que dejar el coche en el centro. 

También entre los partidos políticos hay disparidad de criterios, pero el equipo de gobierno cree que el servicio ya ha cumplido el objetivo para el que fue implantado hace casi dos décadas y que ha llegado el momento de apostar por otro modelo de ciudad. 

Eliminar la zona azul aliviará el bolsillo ciudadano pero restará un ingreso importante a las arcas municipales. Y es que a pesar de que la normativa establece que este tipo de tasas no deben tener un afán recaudatorio, la realidad es que el Ayuntamiento ha ganado cerca de 800.000 euros en los últimos cuatro años gracias a un servicio en el que también está incluida la grúa, que a partir del próximo año deberá licitarse por separado. 

Aunque la administración local paga un canon anual por la concesión a la empresa que lo gestiona, la recaudación de los parquímetros y las multas supera ampliamente dicha cantidad, por lo que el balance al acabar cada ejercicio suele arrojar un resultado positivo para el Consistorio. Así se desprende de las liquidaciones presupuestarias una vez contabilizados todos los gastos e ingresos. 

En 2020, a pesar de que durante algunas semanas del confinamiento el servicio fue anulado para evitar que los propietarios de los vehículos tuvieran que salir a la calle, la zona azul dejó beneficio al Ayuntamiento, porque la empresa recibió 281.000 euros pero a las arcas municipales entraron 431.000 euros, de los cuales un elevado porcentaje aún está pendiente de cobro por la morosidad en el pago por parte de los ciudadanos. Y es que pese a que las multas bajaron, la recaudación solo por ese concepto se acercó a las 100.000 euros. 

El año que más rendimiento obtuvo la administración por el estacionamiento regulado fue 2018, cuando le quedaron 369.000 euros  tras abonar a la adjudicataria el importe de la concesión. Esta cifra hizo que desde la oposición se criticara al equipo de gobierno por obtener una rentabilidad tan alta a un servicio que no está concebido para generar ingresos sino para cumplir con el objetivo de regular el tráfico. 

El partido más crítico con la gestión de la zona azul ha sido siempre el PP, que en alguna ocasión ha llegado a calificar de «atraco» el dinero que debían pagar los mirandeses por aparcar. Y es que las tarifas en la ciudad son mucho más elevadas que en el resto de la provincia, algo que la rebaja aplicada hace un par de años permitió equilibrar mínimamente, ya que aún así dejar el coche en el centro de Miranda es un 30% más caro que en Burgos. Es decir, que por la fracción máxima de dos horas la diferencia es de 50 céntimos. 

Para los populares, en lugar de eliminar la zona azul, lo que debería hacerse es rebajar aún más el precio y ofrecer medidas adicionales para fomentar el índice de ocupación de las 856 plazas existentes, que en los últimos años apenas supera el 30% de media pese a que casi todas las calles del centro están reguladas por parquímetro. 

La decisión del PSOE de prorrogar solo un año más el contrato actual, y a partir de entonces eliminar la zona azul, ha sorprendido por inesperada. Incluso las formaciones políticas partidarias de la misma, han mostrado sus reticencias a que se haya adoptado de forma unilateral y sin un estudio que avale la medida. 

El equipo de gobierno ha anunciado que la eliminación del estacionamiento regulado irá acompañada de otras actuaciones complementarias como habilitar más aparcamientos públicos, aunque de momento esta idea aún no ha sido desarrollada ya que primero es necesario elaborar un estudio sobre las zonas de más densidad de tráfico y los solares públicos que podrían destinarse a esta finalidad.