El bloqueo político a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que tan de actualidad está en las últimas semanas, tiene una repercusión cercana. Ni la presidencia de la Audiencia Provincial ni la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León han podido renovarse pese a que los mandatos hace más de un año que expiraron. En el primer órgano sigue en funciones Mauricio Muñoz, mientras que José Luis Concepción cumple ya 16 años al frente de la administración judicial regional.

El caso de Concepción es más llamativo porque ha superado ya los tres mandatos al frente del TSJCyL que marca la ley. Su última reelección data del 29 de enero de 2016, lo que significa que hace un año y ocho meses que debería de haber dejado la presidencia de este órgano tras 15 años en el cargo. Acostumbrado a no morderse la lengua en sus declaraciones, se mostró muy crítico con la situación actual del Consejo General del poder Judicial en una entrevista concedida a este periódico el pasado mes de junio. «Es impresentable que las fuerzas políticas no sean capaces de ponerse de acuerdo para renovar un órgano de cuyo funcionamiento depende la organización judicial en España. La paralización del órgano de gobierno está causando daños que pueden ser irreparables o muy difíciles de arreglar», protestó al tiempo antes de abogar por que fueran los propios jueces quienes eligieran a los 12 vocales. 

Cuando la situación se normalice, y dado el distanciamiento existente entre los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados parece que el asunto va para largo, la plaza de Concepción deberá salir a concurso público. Será el momento de que entren en la terna por presidir el TSJ nuevos candidatos. Cabe recordar que en las elecciones de 2016 concurrieron la magistrada María José Renedo, que preside la Sala de lo Social de este tribunal, y Carlos Javier Álvarez, juez de lo Civil y lo Penal. 

Dos años sin relevo. En el caso de la Audiencia Provincial, la paralización de los nombramientos al no renovarse el CGPJ ha provocado que Mauricio Muñoz exceda en más de dos años su mandato. Su nombramiento data del 3 de julio de 2015, por lo que su plaza debería de haber salido a concurso en plena pandemia. El magistrado, que presidía por aquel entonces la Sección Tercera, tuvo que enfrentarse a Blanca Subiñas, jueza decana y titular de Menores, a Antonio Carballera, juez de la sección penal, y a Ildefonso Barcala, de la Sección Segunda. 

A lo largo de estos siete años, Muñoz ha advertido de la congestión de algunas jurisdicciones de la provincia, principalmente la de los Juzgados de lo Social. Han sido numerosas las ocasiones en las que se ha solicitado la creación de un cuarto órgano, especialmente tras la irrupción de la pandemia, pues ha agravado el colapso de asuntos. En su última memoria, también advirtió de que las salas del edificio de la Audiencia Provincial son demasiado pequeñas, sobre todo para albergar juicios de interés mediático. Asimismo, solicitó la contratación de más técnicos informáticos para solventar incidencias cotidianas.