LaDiputación de Burgos ha fracasado en su primer intento de ayudar al mundo rural a luchar contra la exclusión financiera a la que le someten los grandes bancos en los últimos años, con el incesante cierre de oficinas y cajeros automáticos. Ninguna empresa ni entidad ha concurrido al proceso de licitación para contratar un servicio que llevase dinero en efectivo a 25 localidades, con parada en cada una al menos 2 veces al mes.

La administración local estaba dispuesta a pagar algo más de 100.000 euros al año por este contrato, para cubrir los costes de explotación y los de personal de los trabajadores del cajero móvil -dos vigilantes de seguridad de transporte, uno de ellos conductor-. Contemplaba además la posibilidad de una prórroga por dos años.

Estaba previsto que 25 localidades se beneficiaran de este servicio: Alfoz de Santa Gadea, Araúzo de Miel, Arija, Los Balbases, Basconcillos del Tozo, Busto de Bureba, Campolara, Canicosa de la Sierra, Castrillo de la Vega, Cubo de Bureba, Gumiel de Mercado, Hoyales de Roa, Mahamud, Mecerreyes, Monasterio de Rodilla, Montorio, Quintanapalla, Regumiel de la Sierra, San Martín de Rubiales, Santa Gadea del Cid, Sargentes, Sotresgudo, Valle de Valdelucio, Villahoz y Villasandino.

Con cualquier tarjeta. El requisito indispensable era que el cajero móvil fuese accesible con cualquier tarjeta,  con independencia de cuál sea la entidad bancaria emisora. Las rutas y horarios quedaban a elección de la adjudicataria, aunque sí se establecían algunas condiciones como una frecuencia obligatoria de dos días al mes por ayuntamiento y una parada de no menos de 30 minutos en cada 'estación', aunque no hubiera demanda, además de la necesidad de comunicar los planes con un mes de antelación para posibilitar que se publicitaran entre los potenciales usuarios. 

«No obstante, dada la tendencia actual del sector con riesgo de cierre de oficinas en otros Ayuntamientos», el pliego contemplaba,  además de esas 25 paradas, «la obligación de prestar el servicio durante la vigencia del contrato y sus posibles prórrogas en aquellos otros Ayuntamientos que disponiendo de sucursal vayan quedando sin oficina ni cajero automático operativo por cierre de la misma, pudiéndose someter, en este caso, el reajuste de rutas y frecuencias a la aprobación de la Diputación».

La mesa de contratación celebrada hace unos días se limitó a declarar desierto el concurso«por falta de licitadores», sin poder profundizar en las causas que han provocado este desenlace. Ahora tendrán que estudiar si modifican las condiciones del pliego para volver a sacarlo a concurso, por un importe mayor o con alguna claúsula de revisión de precios por la subida de los combustibles, por poner un ejemplo; o si buscan un procedimiento negociado o un convenio directo con alguna entidad bancaria o empresa del sector financiero, como los que potencian la llegada de oficinas móviles de bancos que han cerrado previamente sucursales en el mundo rural.