Los contratos menores, en muchas administraciones públicas, se utilizan como 'vía rápida' para eludir complejos y largos procedimientos de licitación, ya que este tipo de contrataciones se tramitan a través de un 'simple' expediente administrativo en el que se justifica la necesidad de ese material, obra o servicio, solicitando como mínimo tres presupuestos. Apesar de la rapidez en la tramitación y adjudicación, los contratos menores también se someten a diferentes controles y fiscalización con el fin de impedir que a través de ellos se fraccionen contrataciones para evitar tramitaciones ordinarias.
Para que la agilidad e inmediatez de estos contratos menores, que se adjudican 'a dedo', no deriven en un uso abusivo de esta tipología de contratos, en detrimento de la transparencia, publicidad y la concurrencia competitiva de las licitaciones públicas, las administraciones establecen limitaciones a estas licitaciones. Entre esas limitaciones están las de cuantía de los contratos, ya que deben tener un valor inferior a los 40.000 euros cuando se trate de obras, mientras que parea suministros o servicios el límite económico es de 15.000 euros.
En el caso de la Diputación provincial de Burgos, con la Sociedad para el Desarrollo de la provincia de Burgos (Sodebur) y del Instituto para el Deporte y la Juventud (IDJ), el año pasado se tramitaron y adjudicaron un total de 120 contratos menores, por un importe total que supera los dos millones euros, en concreto 2.225.896. Estos números, con ser importantes, están muy alejados de los que se registran en otras administraciones públicas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Burgos, que en 2021 realizó un total de 1.612 contratos menores, 71 menos que el año anterior, pero con un importe de 3.8 millones de euros, algo más de medio millón más que el ejercicio anterior, es decir el de la pandemia.
La mayor parte de los contratos menores adjudicados el año pasado por la Diputación corresponden a la propia institución. En concreto 96 de esas 120 licitaciones y adjudicaciones tenían como fin la contratación de obras o servicio para ella, por un importe que superó los 1,6 millones, mientras que otros 16 contratos estuvieron relacionados con actividades del IDJ con un presupuesto global de 234.172 euros y otros 8, por 324.703 euros, fuero de Sodebur. En total, con cargo a las arcas provinciales, se licitaron y adjudicaron esos 120 contratos, una cantidad que los responsables políticos de la unidad de contratación consideran «normal», e incluso «baja», teniendo en cuenta el volumen y la cuantía económica del resto de contrataciones que efectúan anualmente tanto la Diputación, con grandes proyectos en de mejora de la red de carreteras provincial o servicios tan costosos como el de ayuda a domicilio, como desde Sodebur y del IDJ.
El goteo de licitaciones de contratos menores en la administración provincial es constante, aunque en los meses estivales se registra una mayor actividad. El año pasado entre julio y septiembre se formalizaron un total de 32 contratos por un importe de 664.028 euros. La mayor parte de estas licitaciones estuvieron relacionadas con actividades lúdicas y culturales en la provincia, como por ejemplo la contratación de grupos de música o compañías de teatro, además de una campaña de promoción del Festival de Verano de Clunia, entre otros servicios y obras.
El último trimestre del año es el que menos gastó la Diputación en esta contrataciones rápidas, ya que solo formalizó 17 contratos con un coste total de 280.714 euros.
Para todo. Esta modalidad de contratación se utiliza para cualquier obra, suministro o servicio, con precios de lo más dispar, ya que entre los adjudicados en 2022 encontramos uno por 260 euros para un taller didáctico sobre Atapuerca y otro de 1.777 euros para contratar docentes para llevar a cabo la acción 'Prevención del acoso y abuso en las redes sociales, en diferentes localidades de la provincia,. En el otro extremo uno importe de 95.000 euros para un contrato de arrendamiento, por cinco años, de unas fincas rústicas propiedad de la institución en Albillos y Burgos.
Entre estos dos extremos hay contratos de todo tipo y para todos los gustos, muchos relacionados con las vueltas ciclistas a Burgos, femenina y masculina, en especial para el alquiler de equipos para retransmisiones y comunicaciones, y también con actividades relacionadas con la participación de la marca Burgos Alimenta en distintas ferias y certámenes o talleres y actividades en los pueblos.
Control. Laura Puente, diputada provincial y presidenta de la Comisión de Contratación y Junta de Compras, Informática y Administración Electrónica, es la responsable política de supervisar la tramitación de todas las contrataciones que realiza la Diputación, también estos contratos considerados menores que sirven, en muchos casos, para agilizar procesos que de otra forma se dilatan en el tiempo porque hay que cumplir unos plazos y requisitos establecidos por ley. «Además de esos plazos fijados, en ocasiones las ofertas son a la baja y es necesario justificar que no se trata de bajas temerarias, lo que alarga aún más los procesos», afirma Puente, que considera que «la cifra de contratos menores en la Diputación es razonable, es buena, estamos trabajando bien», asevera.
Puente también destaca la 'limpieza' con la que se realizan todas las contrataciones y prueba de ello, asegura, «es que nadie ha puesto reparos a ninguna de las contrataciones que hemos realizado y por la normativa de contrato menor hacemos todos los que nos permite la ley, que son muchos menos que en otras administraciones».