Los tribunales inician estos días su primer curso de la nueva normalidad. La justicia ha ido recuperando a cuentagotas su cotidianidad tras la irrupción de una pandemia que ha retrasado algunos procedimientos que se iniciaron hace más de tres años. Asuntos que, por la gravedad de los hechos enjuiciados, marcarán los meses venideros en los banquillos. El asesinato de Monika Asenova en Salas de los Infantes, el caso de la facción de los Latin Kings en la provincia o la acusación contra seis proxenetas que presuntamente prostituyeron a decenas de mujeres en Estépar serán los juicios más mediáticos. 

Un jurado popular será quien juzgue a Biser K., procesado por el crimen machista de la joven Monika Asenova en Salas de los Infantes en julio de 2019. Más de tres años han tenido que pasar para que el supuesto autor del apuñalamiento de su mujer se siente finalmente ante un tribunal. El peritaje de los daños causados, la siempre delicada toma de declaración de las dos menores que quedaron huérfanas de madre y la pandemia dilataron la instrucción de este terrible suceso. Tanto, que hasta finales de marzo de este 2022 no llegaron a la Audiencia Provincial los escritos de acusación. 

La Fiscalía asegura que, durante toda su relación, Biser K. mantuvo hacia su pareja una conducta de dominación y control motivada por los celos hacia terceras personas. Limitaba sus salidas con amigas, le controlaba el teléfono móvil y la iba a buscar al trabajo. Todo ello en un contexto de violencia constante en el que los golpes en la cara y en el resto del cuerpo eran habituales. A eso se sumó episodios de maltrato psicológico en los que amenazaba a la joven con matarla mostrándole cuchillos. A veces, en presencia de sus hijas menores. 

Cuando Monika le comunicó la decisión de separarse, primero decidió quemar la casa que ambos compartían. Días más tarde, le clavó un cuchillo de hoja bicortante en varias ocasiones hasta causarle la muerte. El Ministerio Público pide para el agresor 24 años de cárcel por asesinato, siete por varios delitos de maltrato y amenazas y tres por los daños causados en el incendio. En la causa está personada la Junta de Castilla y León y la Asociación Clara Campoamor, que elevan las solicitudes de pena hasta los 48 años de prisión. El juicio se celebrará en noviembre.

A julio de 2019 también se remonta la llamada Operación 'Pato', en la que la Brigada de Información de la Policía Nacional desarticuló una facción de los Latin Kings en la provincia de Burgos y detuvo a doce personas, cinco de ellas en Burgos y una más en Aranda. La Audiencia Provincial les juzgará a finales de este año acusados de un delito de asociación ilícita en diferentes grados. Según recoge el fiscal en su escrito, algunos de estos individuos encabezaron diferentes disputas con otras bandas rivales en la capital. A destacar, una pelea con armas blancas cerca de los juzgados. En casa del cabecilla y de su segundo de abordo, los cuales recibían órdenes desde Madrid, los investigadores hallaron bates de béisbol, machetes, dos pistolas simuladas, documentación orgánica, simbología, material informático y diversos dispositivos móviles. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 3 y los seis años de prisión hasta un total de 63.

La pandemia también retrasó la instrucción del caso más sonado de proxenetismo en Burgos de los últimos años. Hicieron falta cuatro años de investigación para liberar a once mujeres que estaban siendo prostituidas en el club La Parada de Estépar. Un local regentado por una familia que captaba mujeres de países del este, principalmente ucranianas, y las explotaba sexualmente en jornadas interminables.

En la cúspide de esta organización se encontraba S.V.N.N., también de origen ucranio, y su marido M.A.L.F., quienes controlaban el dinero, los pases y vigilaban a las chicas para que no huyeran. En las labores de captación colaboraban la hija de ambos, K.L.N., y la madre de la cabecilla. Publicaban anuncios de ofertas de trabajo en páginas web de contactos. Luego las traían bajo promesas falsas en avión hasta España y, una vez aquí, otros dos acusados les informaban de que habían contraído una deuda que debían saldar prostituyéndose. Si se negaban, las amenazaban con hacer daño a sus familias. También instauraron un régimen de sanciones para elevar aún más la cantidad que debían devolver con los servicios sexuales.

El Ministerio Fiscal les acusa de delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, contra los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal. Las penas de prisión para los seis acusados oscilan entre los 15 y los 56 años y suman 275. La vista oral tendrá lugar a principios del próximo año. 

En la Audiencia Provincial también está prevista la celebración de otro caso de explotación sexual, si bien a la Sección Primera no han llegado los escritos de acusación y no se ha señalado. A lo largo de este curso judicial también se sentarán en el banquillo tres de los responsables de los disturbios de Gamonal en octubre de 2020. Se enfrentan a año y medio de prisión por desórdenes públicos. 

En el tribunal provincial están señalados también varios casos de tráfico de drogas y también de agresiones sexuales, algunas de ellas con víctimas menores.