Las empresas que gestionan los centros cívicos y las escuelas infantiles municipales se han cansado de esperar y han llegado a la conclusión de que solo en la vía judicial, a la que ya han acudido, podrán lograr que el Ayuntamiento les pague los cerca de 680.000 euros de gastos que tuvieron que soportar durante el primer estado de alarma de la pandemia (entre marzo y junio de 2020). Una cantidad de la que la administración sigue aún sin hacerse cargo pese a los informes favorables al abono de la deuda elaborados por parte de la Gerencia de Servicios Sociales del Consistorio capitalino.

Es la propia concejal de Servicios Sociales, Sonia Rodríguez, la que defiende que el Ayuntamiento debería de pagar a las empresas Clece, Sedena y Arasti Barca pero lo cierto es que cada vez que se ha intentado se han encontrado con la oposición del Consejo Consultivo de Castilla y León. Cuya opinión en sentido positivo es preceptiva para poder saldar la deuda.

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