El borrador de la futura Ordenanza sobre Protección y tenencia responsable de animales de compañía, aún en fase de estudio y sujeta a posibles modificaciones, castigará a los propietarios de mascotas con multas de entre 100 y 600 euros si no limpian «inmediatamente los orines vertidos sobre el mobiliario urbano, edificaciones, aceras o cualquier otro elemento urbano».

Así se detalla en un texto que pretende ir más allá de lo estipulado en la Ordenanza Municipal de Limpieza, donde sí se recogen ya multas por la no recogida de las deyecciones (excrementos), pero que en el capítulo de infracciones no hace mención expresa a sanciones por desentenderse de la limpieza de los orines.

El borrador de la nueva normativa sobre mascotas recoge también que se considera una infracción de carácter leve «la tenencia en el mismo domicilio de más de 5 animales de la especie canina, felina o cualquier otra que se determine reglamentariamente» salvo que esté justificado (atendiendo al bienestar animal).

También podrán ser castigados con multas de entre 100 y 600 euros los propietarios de perros que se encuentren en parques infantiles, zonas de calistenia o de elementos biosaludables.

Más severas serán las multas, dentro del amplio abanico de sanciones que recoge la normativa, si se detecta que un animal de compañía está atado durante más de 8 horas a una cuerda o correa y/o que ésta no le permita la libertad de movimientos. Las multas aquí rondarán entre los 601 y los 3.000 euros. Idéntico importe para quienes vendan perros o gatos con menos de 8 semanas o los lleven con una correa de pinchos.

Dentro de las infracciones muy graves, que varían entre los 3.001 y los 30.000 euros, se recogen multas por «maltratar o agredir físicamente o pisocológicamente a los animales».

Plan de arbolado. Más allá de esta normativa, el equipo de Gobierno anunció ayer que encargará a una empresa la elaboración de un Plan Director de Arbolado con el objetivo de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los ejemplares que hay en la ciudad.

La idea es detectar los riesgos, elaborar un plan a una década sobre las plantaciones a realizar y fijar unos criterios para la realización de las podas.