La medida anunciada por el Gobierno ante el incremento de los precios de los fertilizantes alcanzará a 8.992 agricultores burgaleses, que son los que cobraron las ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la campaña 2022. Eso se traduce en que el campo burgalés recibirá alrededor de 11 millones de euros, atendiendo a que el importe máximo de las ayudas será de 22 euros por hectárea para el caso de superficies de secano y de 55 euros por hectárea para las de regadío. Unas cifras que, aunque pueden parecer elevadas, son «insuficientes» para las organizaciones agrarias si se analiza cómo se han disparado los costes durante el último año.
«Los precios de los fertilizantes han pasado de los 430 euros a 850 en un año, por lo que la cantidad que se da es insignificante», defiende Esteban Martínez, presidente provincial de Asaja. Calcula que una hectárea cuesta alrededor de 510 euros, de ahí lo poco relevante que resulta esta medida económica que se ha tomado. «Es una pequeña ayuda, que bienvenida sea, pero para nada soluciona el problema del encarecimiento de los fertilizantes, como ocurre con los 20 céntimos del gasóleo si en los últimos días ha subido 40», añade.
La explotación habitual de los agricultores profesionales es de unas 150 hectáreas de secano, por lo que en ese caso recibirán 3.300 euros. Las ayudas se destinarán a las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones agrícolas que cuenten con cultivos permanentes y superficies de tierras de cultivo, exceptuando barbechos y pastos temporales, hasta un máximo de 300 hectáreas. El Consejo de Ministros acordó que se destinarán un total de 300 millones de euros para este fin y se estima que beneficiará a unos 250.000 agricultores, de los que 8.992 serán burgaleses. En total la provincia cuenta con unas 460.500 hectáreas de secano y otras 21.000 de regadío, de ahí los 11 millones que se recibirán. Eso sí, el máximo para la ayuda se sitúa en las 300 hectáreas.
Aquellos que venden fertilizantes tampoco creen que esta medida tenga una repercusión directa y es que se está viviendo una campaña con unas ventas especialmente bajas. «Este año hemos vendido un 40% menos», explica Miguel Temiño, de la Sociedad Cooperativa Arlanza, en Villalmanzo, que cree que las razones están en que no se ha abonado tanto y que muchos también han buscado alternativas como el girasol o las leguminosas.
En la misma línea se expresa Gonzalo Tejido, de Hermanos Dueñas, empresa con presencia en Olmillos de Sasamón, Castrojeriz y, próximamente, en Villadiego. «Este año hemos tenido muchísimas menos ventas de fertilizantes por el coste que tienen», explica. «Hay mucha incertidumbre y mucha especulación en los mercados con los precios. Hay miedo a tirar fertilizante, que caiga el precio del cereal y que sea un año de pérdidas», añade. Todas esas dudas dentro del sector también suponen «un serio problema» para ellos. La ayuda anunciada por el Gobierno tampoco cree que generará mucho impacto y que ya no modificará los planes de los agricultores.
Susana Pardo, presidenta de la Uccl, afirma que la «ayuda llega tarde» y se queda «escasa» si se compara con cómo se han disparado todos los gastos que tienen que afrontar los profesionales del sector. Además, piensa que ahora toca cuidar lo que ya se ha sembrado para que el rendimiento baje lo menos posible en un año donde el girasol ganará peso. También Gabriel Delgado, secretario general de UPA, confiesa que «los costes se han triplicado» y que la subvención de la administración «es muy pequeña», pero «tampoco hay que reprochar lo que nos den, no podemos hacer otra cosa». Mientras, Cristian Martínez, de Coag, reconoce que se está sembrando mucho menos cereal que años atrás puesto que «los precios estaban prohibitivos».
Efecto en el consumidor. La poca importancia que tiene esta medida a la vista de lo que se han disparado los costes de producción en los últimos meses generará que tampoco tenga efecto para los consumidores, como avanzan desde las organizaciones agrarias. Esteban Martínez considera que «no va a repercutir para nada en la cesta de la compra», y en ese sentido dice que tampoco ha afectado para nada la bajada del IVA de los productos básicos. «El precio de los supermercados no lo controlamos nosotros, las grandes industrias agroalimentarias se aprovechan», sentencia Susana Pardo.