Los juzgados de instrucción burgaleses donde han 'caído' las querellas del concejal Julio Rodríguez-Vigil contra el alcalde empiezan a recordar al edil que no es perjudicado por las acciones que denuncia y, por tanto, solo puede personarse en ellas como acusación popular, no particular. El matiz es importante, porque para ello tiene que pagar una fianza de 3.000 euros, una cantidad de la que dice no disponer y resulta «desproporcionada» para su economía. Así se desprende del auto del juzgado de Instrucción 3 de Burgos, que le reclama tal cantidad para continuar siendo parte en el procedimiento del Niño Jesús, que sigue vivo porque la Audiencia aún no se ha pronunciado sobre la decisión de la titular de este órgano de archivarlo de forma provisional. 

Rodríguez-Vigil también ha recurrido ante el tribunal provincial la decisión que le obliga a pagar esa fianza, pero el auto ha sido confirmado. Incluso la Fiscalía impugnó el recurso del exconcejal del equipo de Gobierno e interesó la ratificación de la resolución. 

La denuncia sobre el 'caso Niño Jesús' tiene origen en julio de 2018, cuando el Consistorio otorgó a la constructora licencia para una promoción de viviendas de lujo en el viejo centro escolar, con la condición del «mantenimiento de la fachada». En abril de 2019, ante el «peligro de desplome y el riesgo alto de daños a personas y cosas», Bellbrick decide unilateralmente la demolición controlada del edificio orientado hacia Aparicio y Ruiz. Un día después un técnico del Ayuntamiento ordena el apeo, pero era tarde, los ladrillos habían quedado prácticamente inservibles. El PSOE, en ese momento en la oposición, pidió la máxima sanción para los responsables y durante semanas las obras se paralizaron. El proyecto ya está terminado y, tal como quedó reflejado en varios informes técnicos, «solo se han repuesto los originales en elementos pétreos», como cornisas, ángulos o zócalos, pero no los ladrillos.

La Audiencia considera que Rodríguez-Vigil no ha probado su condición de perjudicado, a pesar de que en el recurso afirma que ha sufrido «el hostigamiento del alcalde». El edil ha denunciado a Daniel de la Rosa por otros dos asuntos, la adjudicación del contrato de basuras, en el que también acusa a Vicente Marañón, y un presunto trato de favor a los propietarios de Mifer, en la carretera de Arcos.