«Estoy completamente convencido de que en el Ayuntamiento tenemos razón y que si pago intereses a Aquona estaría actuando de forma ilegal». El alcalde medinés, Isaac Angulo, no duda en la interpretación que los informes municipales realizan del contrato firmado en 2005 por el Consistorio y la empresa concesionaria del Servicio de Aguas, que ahora reclama intereses por los 2,1 millones de euros que le anticipó al Ayuntamiento en 2006 para ejecutar las piscinas climatizadas. El pleno del Ayuntamiento acordó con una sola abstención y la unanimidad del resto de concejales rechazar todas las alegaciones que ha realizado Aquona hasta ahora y aunque la empresa apuesta por el «diálogo y la búsqueda de soluciones», todo apunta a que el conflicto se resolverá en los tribunales, porque el Consistorio medinés no está dispuesto a pagar ni un céntimo más allá de los 2,1 millones, que ya ha abonado.
Desde 2006, Aquona se ha quedado con el 97% de la recaudación del recibo del agua -alrededor de 800.000 euros, de tal modo que al 80% del canon inicial le ha sumado un 17% más -más de 135.000 euros anuales en los últimos ejercicios- para que así el Ayuntamiento fuera amortizando la deuda que contrajo, al recibir los 2,1 millones. El Consistorio estima que con lo recaudado en 2021 ha terminado de pagar la cantidad sin interés alguno y ya está en posición de que Aquona recaude el 80% del recibo y el 20% restante vaya a las arcas municipales. Cada año, desde 2014, el Ayuntamiento fue notificando a Aquona la cantidad pendiente sin tener en cuenta intereses y nunca hubo oposición hasta que en 2020 puso un recurso de reposición.
Los informes municipales rechazan incluirlos ahora porque, «si preveía aplicar intereses, Aquona tendría que haber señalado expresamente en su oferta y estudio económico dentro de la licitación». Ese hecho hubiera podido alterar las puntuaciones de la empresa en el concurso frente a sus competidores. «En su oferta ya pone la empresa que va a ejecutar una gran infraestructura con cargo a los cánones iniciales, por lo que en ese momento deberían haber incluido que iban a cobrar los correspondientes intereses y cuantificarlos», continúa el informe de Secretaría e Intervención. Finalmente, insiste en que «en el contrato se introducen cláusulas no previstas en los pliegos y en la oferta, lo que podría ir en contra del principio de legalidad» y en que «el Ayuntamiento podría haber acudido a una operación de préstamo -para sufragar las climatizadas- en la que se hubieran aplicado los correspondientes intereses».
Aquona se aferra a una «proyección económica» que envió al Ayuntamiento, pero que nunca fue aprobada. Según el alcalde, la firma no ha trasmitido cual es su cálculo de los intereses, pero podrían ser cientos de miles de euros. Otra opción que da el informe de Secretaría a Aquona es que proponga modificar el contrato para restablecer el equilibrio económico-financiero, algo difícil de justificar.