El 'desierto' de la exclusión financiera: un banco cada 71 km

Ical
-

El número de entidades bancarias existentes en el territorio de Castilla y León a finales del pasado año 2021 era de 1.323, un 41,6 por ciento de las que operaban al término de 2008

Una oficina bancaria en la capital burgalesa anuncia su próximo cierre a principios de año. - Foto: Jesús J. Matías

La exclusión financiera atenaza al medio rural con un 'desierto' que se cuantifica en Castilla y León en una oficina por cada 71 kilómetros cuadrados, cuando la media en España es de un establecimiento bancario por cada 26. Desplazarse a una entidad financiera ya es misión imposible para muchas personas que viven en los pueblos de Castilla y León, especialmente los mayores y más vulnerables.

Algunas diputaciones como la de Valladolid y Salamanca ya han adoptado medidas, la primera con la adjudicación de un servicio de cajero móvil que atenderá a 175 municipios de forma periódica, y la segunda con el empleo de un bibliobús que incorporará este servicio financiero. El CES de Castilla y León ya ha denunciado que el cierre de oficinas agrava la situación de muchos pueblos que disponen cada día de menos servicios básicos y, que además, cuentan con una población envejecida y en general, con pocas competencias digitales con las que afrontar las nuevas exigencias que se les quieren imponer, además de escasa cobertura digital.

Los datos que recopila el órgano consultivo indican que Castilla y León es, junto con Cataluña y Valencia, la comunidad autónoma más afectada por el cierre de oficinas bancarias durante los últimos años. El número de entidades existentes en las nueve provincias castellanas y leonesas a finales de 2021 era de 1.323, un 41,6 por ciento de las que operaban al término del año 2008 (41,5 por ciento en España), mientras que en Cataluña era tan solo del 28,4 por ciento y en Valencia se acercaban al 35,5 por ciento.

La Comunidad sale mejor parada por ratio de oficinas por población debido al gran vaciamiento del medio rural. En Cataluña hay una oficina por cada 3.307 habitantes mientras que en Castilla y León es una por cada 1.805 (una por cada 2.479 en España). Sin embargo, la relación es muy desfavorable si se analiza en términos de superficie, ya que en Cataluña hay una oficina por cada 14 kilómetros cuadrados de superficie y en Valencia, una por cada 13. La situación es más negativa aún si se tiene en cuenta que el porcentaje de población mayor de 70 años en Castilla y León está cinco puntos por encima del de Cataluña o Valencia y también de la media nacional.

Cierres que no cesan.

Este desplome que se viene produciendo desde antes de 2016 no se ha detenido aún. El número de oficinas de las entidades de crédito en la Comunidad se redujo un 17,1 por ciento solo en el último año en Castilla y León, frente a un 14,7 por ciento en España, y la Comunidad sufrió la mayor caída de los veinte últimos años, igual que el conjunto nacional. El descenso fue «muy pronunciado» en todas las provincias, aunque las mayores caídas se registraron en Valladolid (-21 ,2 por ciento), Salamanca (-20,7 por ciento) y León (-19,9 por ciento), mientras que Soria sufrió el menor descenso (-9 por ciento).

Esta tendencia la constata también el propio Banco de España, quien desvela que en los últimos cinco años las entidades bancarias cerraron el 33,4 por ciento de las sucursales, lo que representa una de cada tres. Entre 2016 y 2021 se cerraron 9.700 oficinas, con lo que al final del pasado ejercicio la red comercial del sector financiero contaba con 19.338 sucursales. Cataluña y Castilla y León se vieron especialmente castigadas en este sentido, con una merma en la Comunidad de un 37,4 por ciento, según informa Ical.

Aunque los cierres han afectado a todo el territorio autonómico, el mayor número en los últimos cinco años se produjo en las provincias de Palencia (con un descenso del 44,1 por ciento), Zamora (-43,5 por ciento), Salamanca (-41,5 por ciento) y León (-40,9 por ciento). También en las provincias de Valladolid y Burgos el cierre de sucursales se situó por encima de la media nacional (38,8 y 33,4 por ciento respectivamente), mientras que el recorte fue más suave en las provincias de Ávila, Segovia y Soria, con un porcentaje de cierres por debajo de la media.