El espionaje mediante el ya famosísimo programa Pegasus y el hackeo de los teléfonos del presidente del Gobierno y de varios ministros ha vuelto a poner el foco de la actualidad sobre la cada vez más delicada seguridad informática. Nuestra vida entera está dentro de los móviles. Quien tenga los conocimientos suficientes para infiltrarse en ellos sabrá dónde estamos, con quién hablamos, el contenido de los mensajes que intercambiamos, lo que buscamos, compramos, visionamos y leemos en función de nuestros intereses.

Durante años hemos confiado demasiado en que las empresas fabricantes de celulares o las desarrolladoras de aplicaciones aportaban una mínima seguridad a los terminales, pero cada vez es más evidente que los agujeros de privacidad son peligrosos, y tanto empresas como particulares están tomando precauciones. También la administración, aunque muchas veces lo haga con lentitud.

El Ayuntamiento de Burgos va a reforzar la seguridad de sus móviles corporativos, alrededor de un centenar, y a reorganizarla mediante un "sistema de gestión centralizada". Así lo definen desde el área de Informática y así lo explica el concejal de Nuevas Tecnologías, Miguel Balbás. Se trata de un sistema que primero se probará en una remesa inicial de teléfonos destinados a la Policía Local y que a medio plazo se hará extensiva al conjunto de las oficinas.

"Tradicionalmente lo que hemos hecho es ponerles un antivirus gratuito y poco más", reconocen los responsables municipales cuando se les pregunta por los sistemas de seguridad con los que cuentan los teléfonos móviles, lo cual es tanto como decir que apenas se tenían en cuenta las potenciales amenazas externas.

Si bien es cierto que la mayor parte de los empleados municipales no maneje información especialmente sensible, algunos terminales como los del alcalde sí que podrían tener acceso a cuestiones más delicadas. Y en cualquier caso, cada teléfono, como cada ordenador, puede convertirse en una puerta al sistema general del Ayuntamiento donde se custodian bases de datos con información personal o fiscal. Además, apuntan las mismas fuentes, si alguno de los propietarios de los teléfonos solicitaba una revisión específica se realizaba por parte del área de Informática, pero no existen los controles periódicos.

Primera prueba. Sin embargo, recientemente y a partir de la aprobación de una nueva política de seguridad digital han empezado a cambiar los planteamientos de partida. El último lote de móviles adquiridos para la Policía Local, que ya están en manos del Ayuntamiento pero todavía no se han distribuido entre los agentes que los llevarán, "vienen con un sistema de gestión centralizada que controla las aplicaciones que se pueden instalar", lo que significa que ya no podrá cada persona introducir en su terminal los programas que desee, sino solo aquellos para los cuales tenga autorización.

En paralelo, los móviles se dotarán de un antivirus corporativo, lo que redundará en un nivel de protección mayor que los que puedan proporcionar los gratuitos. Y de nuevo el concejal de Nuevas Tecnologías apunta que la idea es extender ese sistema de gestión centralizada "a todos los móviles corporativos" en próximas compras de terminales para su implantación paulatina en todos ellos.

El contrato actual de telefonía está en vigor desde el 14 de febrero de 2019 y tenía una duración inicial de 3 años con la posibilidad de otros dos de prórroga. Agrupa todos los teléfonos fijos de las dependencias municipales además de unos 90 móviles corporativos.

De cara al futuro, la pretensión del Ayuntamiento es que las futuras licitaciones no solo incluyan el mantenimiento de los equipos sino también su reposición, además de novedades como el 5G o la cada vez más importante seguridad frente a ataques informáticos.

Un nuevo súper ordenador que ya está en camino. El Ayuntamiento tiene abierto en estos momentos un concurso para la implantación de mejoras en el Centro de Proceso de Datos (CPD), una suerte de gran ordenador que centraliza la informática municipal.

El contrato ha salido a licitación por un presupuesto de partida de 350.000 euros y está abierto para su presentación de ofertas hasta el día 23 de este mes. La empresa que resulte elegida deberá ejecutar en tres meses la renovación de equipos.

El objetivo, tal y como recoge la administración municipal en el pliego, es "renovar la infraestructura de virtualización para incrementar su capacidad y mejorar la disponibilidad" porque "ha ido creciendo a lo largo de los años y está formada por componentes con diferentes grados de obsolescencia". Con ello se pretende "que todos los gestores, usuarios y ciudadanos puedan confiar en que sus datos estarán bien protegidos y accesibles", incluso ante posibles cortes o averías de suministro eléctrico.

Para ello habrá que mejorar el sistema actual incluyendo lo que denominan "sistema de recuperación anti desastres". Se reemplazarán los servidores físicos existentes en el actual centro de datos (que a su vez se subdivide en dos, uno principal y otro secundario por si falla) y se incrementará la capacidad total del sistema dotándole de métodos de almacenamiento más modernos.