La Federación de Sindicatos Católicos ha presentado denuncia en la Fiscalía contra el responsable de departamento de Personal de la Diputación, Lorenzo Rodríguez, y sus colaboradores, por los supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores al iniciar el proceso para la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable disfrutado entre el 30 de marzo y el 9 de abril, medida que afecta a 246 empleados de la institución provincial que tendrá que devolver unas 40 horas antes de final de año en días de libre disposición o vacaciones.
Desde este sindicato consideran que la Diputación comete un error «por consentir la soberbia de la jefe del servicio de Personal y la inexistencia del aval jurídico del secretario general» a la hora de recuperar ese permiso y aseguran que Rodríguez «se ha convertido en un títere en forma de pelota que pasa del PP al secretario, de éste a la jefe de Personal y no se entera de la misa a la media de los profundos perjuicios que se está haciendo al conjunto de la plantilla de la institución».
En la denuncia, el SOI asegura que el real decreto de Ley del Gobierno central «regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales» y señala que las administraciones públicas, como es la Diputación, «no se pueden considerar como entidades del sector público». En este sentido, añade que el Ministerio de Política territorial y Función Pública, tras una consulta de la FEMP, asegura que el real decreto «no es de aplicación a la administración local», es decir no incluye en su ámbito de aplicación al personal funcionario.
Desde el SOI, en su denuncia, recuerdan que Rodríguez es conocedor de esta interpretación y de que ninguna comunidad autónoma o entidad local ha aplicado el real decreto a sus empleados públicos y aseguran que «aplica de forma deliberada, consciente e ilícita» el mismo de forma individualizada a cada trabajador, lo que a su juicio puede suponer la comisión de un delito de prevaricación y contra los derechos de los trabajadores.
Postura firme. A pesar de la denuncia y de las críticas sindicales, todas las organizaciones se han mostrado en contra, Rodríguez se mantiene «firme» en la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable y asegura que con la denuncia el SOI «busca asustar a la Diputación para que paralice la recuperación y evitar el gasto que supone recurrir las actuaciones y los costes judiciales». Rodríguez defiende la «legalidad» del decreto de recuperación de horas y califica de «maniobra desesperada» la denuncia ante la Fiscalía.
Además, Rodríguez señala que, con independencia de las interpretaciones que dicen que las medidas no son de obligado cumplimiento a la Diputación, el real decreto ley del Gobierno preveía expresamente para los empleados públicos que «las entidades locales quedan habilitadas para dictar las instrucciones y resoluciones que sean necesarias» y reitera que para garantizar los derechos de los empleados, antes de efectuar ningún descuento o compensación de horas no trabajadas, se les ha concedido un trámite de audiencia antes de adoptar una resolución definitiva.