No está teniendo un seguimiento masivo, pero la huelga de letrados de la administración de justicia está causando serios trastornos tanto a los juzgados como a los ciudadanos. No es solo que se esté suspendiendo un número nada desdeñable de juicios es que esta parálisis parcial de la actividad en los tribunales burgaleses está ya tocando el bolsillo de quienes están inmersos en un procedimiento litigioso. Por ejemplo, en los juzgados de familia permanecen sin tramitar más de 400 ejecuciones de medidas, lo que está retrasando el pago de pensiones alimenticias en los procesos de separación y divorcio, con niños que viven en el límite de la subsistencia como principales afectados.
En la jurisdicción penal la incidencia de este paro indefinido de los antiguos secretarios también está dejando sin efecto numerosos mandamientos de pago de la cuenta de depósitos y consignaciones, afirma Cristina Rubio, de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ). Hay en estos momentos -a fecha del pasado viernes- 160.000 euros paralizados en concepto de fianzas, indemnizaciones, devolución de fianzas y ejecutorias por impago de pensiones. En el orden penal ya se han tenido que suspender 74 señalamientos entre juicios y declaraciones, un 60% del total. La mayoría de esas vistas y comparecencias se retrasarán hasta el año que viene, puesto que la carga de trabajo en los órganos de la jurisdicción criminal es en estos momentos muy elevada. En el ámbito de familia también han sido numerosos los juicios que no se han podido celebrar.
La huelga está ralentizando todo el funcionamiento de la administración de justicia en la provincia. Para que se hagan una idea los lectores, hay 1.250 escritos y documentos pendientes de firma, lo que prácticamente impide avanzar en cualquier procedimiento judicial. Y, por si fuera poco, hay más de 400 denuncias y demandas -tanto en la jurisdicción penal como en la civil, social y contencioso administrativa- que están pendientes de repartir. En opinión de Cristina Rubio, el freno a la actividad judicial que está suponiendo la huelga «tendrá consecuencias graves y repercutirá en un mayor retraso» en los procedimientos.
Hay que recordar que los letrados de la administración de justicia se pusieron en huelga el pasado 24 de enero. El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que ha provocado un «insoportable desequilibrio», según denuncian los convocantes.
Entre sus reivindicaciones destaca una cláusula de enganche a la ley de retribuciones de jueces y fiscales para que los letrados nunca cobren menos del 85% respecto a estos dos operadores jurídicos. El ministerio sostiene que solo queda por cumplir una de las 11 reivindicaciones planteadas por las asociaciones y considera fuera de lugar sus peticiones salariales, cuando sus retribuciones van a crecer de media un 14,76 % en tres años. Las asociaciones convocantes además, han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Instrucción del Ministerio sobre el régimen de sustituciones, vacaciones y permisos durante el parón argumentando una «violación del derecho fundamental de huelga».