Los recursos que han forzado la suspensión (está por ver si temporal o definitiva) de la adjudicación del concurso de ideas para la ampliación del archivo municipal de Castilfalé no los han formalizado dos desconocidos para la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos. No son dos extraños, ya que quien tenga memoria podrá recordar que los arquitectos María Dolores Contell Jurado y Juan Miguel Martínez (del mismo estudio valenciano que rehabilitó la antigua estación y diseñó el Ciba de la UBU) fueron los ganadores del concurso que ya se convocó en 2017 pero que se anuló un año después. Lo que han hecho es reclamar, de momento en vía administrativa, que no se lleve a efecto la adjudicación que el Consistorio capitalino les comunicó hace algo más de dos meses en favor de AGi Architects, el último vencedor.

El otro recurso también tiene que ver con aquel concurso que se anuló hace ahora casi cuatro años. Lo ha presentado el arquitecto Daniel Fernández-Carracedo, que fue quien presentó en 2018 el recurso que forzó la anulación de aquel concurso.

Aunque está por ver si los recursos que se han presentado en esta ocasión tienen posibilidades de éxito, lo cierto es que entre aquella historia y la actual conviven algunos detalles que guardan, al menos en una primera apariencia, ciertas similitudes.

Entonces, el Ayuntamiento estimó el recurso de uno de los aspirantes eliminados y anuló el concurso porque la propuesta ganadora exigía la realización de un estudio de detalle para el nuevo edificio y ello contravenía las bases del concurso.

En esta ocasión, el estudio de arquitectura valenciano (ganador en 2018 y eliminado en el último concurso) defiende que el proyecto de AGi Architects, El camino que habito, «requiere de un estudio de detalle» para poderse ejecutar y eso «contraviene los pliegos del concurso». Para ser exactos, de una comunicación que se publicó el 21 de septiembre por la Gerencia de Fomento.

Como ejemplo, recuerda que el Plan General de Ordenación (PGOU) exige que la cubierta de la nueva construcción sea inclinada y el proyecto ganador la dibuja plana y, por tanto, lo que se hace es «modificar la volumetría prevista en el planeamiento». Y de la misma manera que no se cumple esta premisa, tampoco la de que se «se adapte a la del edificio colindante protegido».

Entre otros aspectos, se habla de que la última planta sí se alinea con la última del Palacio, pero más abajo se producen dos retranqueos que modifican el planeamiento previsto y también la volumetría.
Lo que defiende el recurrente es que si se ve viable la redacción de un estudio de detalle, se «debería de adjudicar el nuevo proyecto a la propuesta ganadora del anterior concurso». Y de no ser así, lo que tendría que hacerse es «anular la presente adjudicación» ya que, como les sucediera a ellos, el proyecto precisa también de ese estudio.

El recurso, además, está plagado de reproches ya que, entre otros detalles, deja caer que el segundo concurso «parece una segunda oportunidad para los licitadores no adjudicatarios en 2018». Recalca que los pliegos son muy parecidos a los de hace cuatro años, lo que evidencia que aquello fue «una excusa para apartar a los licitadores anteriores».

El recurso de Fernández-Carracedo habla también de que el proyecto ganador no cumple tampoco el PGOU (añade una planta a las permitidas), vulnera los plazos para presentar el proyecto básico y no respeta en el diseño «la sensibilidad hacia el entorno existente» al apostar por la madera como material para el revestimiento de la fachada.

De momento, la adjudicación está suspendida a la espera de resolverse los recursos.