Burgos recibirá 4,3 millones en compensación del IVA de 2017

C.M.
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El Ministerio de Hacienda pagará 2,3 millones a la Diputación, 1,1 al Ayuntamiento de la capital y 850.000 euros a 360 municipios entre los que se incluyen Aranda y Miranda

El Consistorio podrá destinar este dinero a inversiones u otras necesidades. - Foto: Valdivielso

Un total de 361 ayuntamientos de la provincia, incluido el de la capital, y la Diputación recibirán en marzo un dinero extra. El Ministerio de Hacienda les abonará 4.304.500 euros en compensación por el IVA (impuesto sobre el valor añadido) que dejaron de percibir en 2017. El Boletín Oficial del Estado ha hecho pública la orden firmada por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la que se establecen las cantidades que recibirán.

Se trata de un abono que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años reclamando esta devolución y que se originó a raíz de un cambio en el sistema de información del IVA, lo que provocó que ese año en lugar de abonar 12 mensualidades a las administraciones locales solo se pagaron 11. 

La Diputación Provincial recibirá 2.180.492 euros, de los que 2.040.146 corresponden al impuesto y 140.346 euros son en concepto intereses devengados desde 2017 hasta hoy. Por detrás de esta institución, la que más dinero recibirá será el Ayuntamiento de Burgos con 1.132.681 euros, de los que 1.064.185 son del impuesto y 68.495 euros a los intereses. El concejal de Hacienda, David Jurado, se congratuló de que después de cuatro años este dinero sea devuelto a las arcas locales. «Este Gobierno es el que más está haciendo por los ayuntamiento. Con la pandemia recibimos ayuda para los gastos derivados de ella, un fondo para compensar la bajada de usuarios en los autobuses urbanos, que en el caso de la capital fueron 1,6 millones, y se han suspendido las reglas fiscales para poder utilizar los remanentes, lo que nos ha permitido destinarles a inversiones», apuntó. 

El dinero se ingresará en las arcas municipales y podrá destinarse al cometido que se desee. Jurado asegura que todavía no se ha tomado la decisión. Una vez aprobado el Presupuesto de 2022, el área de Hacienda trabaja ya en la primera modificación de créditos de este ejercicio. «Este dinero va a la caja general no es como el que llegó como compensación del descenso de viajeros en el transporte público que solo se podía destinar a este cometido», añadió el concejal.

Le siguen en cantidades los ayuntamientos de Miranda de Ebro con 218.287 euros; Aranda de Duero, con 201.600;Medina de Pomar, con 34.884; Briviesca, con 34.833; Villarcayo, con 21.238; Roa de Duero, con 11.386; Salas de los Infantes, con 9.856; Belorado, con 8.365;Castrillo del Val, con 3.836 o Castrojeriz, con 3.648. También hay localidades con devoluciones testimoniales como las de Aguilar de Bureba (0,49 euros), Barbadillo de Herreros (0,95), Barrios de Colina (1,50) o Arraya de Oca (6,75) y a una decena municipios no se les devuelve nada. 

Exigencias. Para recibir el dinero, los consistorios deberá renunciar a cualquier proceso judicial y mostrarse de acuerdo con la partida asignada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Los que hayan iniciado una reclamación judicial tendrán de plazo hasta el 28 de febrero para emitir un certificado que incluya el acuerdo del Pleno municipal de desistimiento del procedimiento abierto y enviarlo al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

La normativa publicada indica que, una vez efectuadas las transferencias a las entidades locales, si éstas no reintegran el importe ingresado en el plazo de dos meses, se considerará aceptada la compensación. La cuantía correspondiente, tanto la deuda del impuesto como la de los intereses, se ha publicado en la Oficina Virtual para la Coordinación Financiera de las Entidades Locales y en la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

El problema generado en el cobro del impuesto sobre el valor añadido provocó efectos en la liquidación de la participación de las entidades Locales en los tributos del Estado de 2017, que se llevó a cabo en 2019 y les supuso la percepción de un importe menor de recursos de los que les habrían correspondido.