Para miles de personas, las actividades normales de la vida diaria se convierten, por razones de edad avanzada, enfermedad o discapacidad, en toda una odisea.

Un total de 353.965 hombres y mujeres están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, «se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite». Un lapso mortal para muchos, porque más de 45.000 dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

En concreto, hay 131.810 esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las Comunidades Autónomas no han registrado.

«El incremento presupuestario del Gobierno no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante», manifestó ayer el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.

En concreto, lo atribuyó a tres razones, la primera, la «desidia e impericia de algunas comunidades que no están siendo ágiles» o están siendo «tan tacañas que han recortado el presupuesto», pese a más fondos del Gobierno, mostrando una actitud «inmisericorde».

Otro motivo es la «telaraña burocrática» que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, en tercer lugar, apuntó que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.

Según el documento, el 44,6 por ciento de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con grados tres o dos, es decir, tienen necesidades de apoyo continuado.

Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12: Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia.

El informe también pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. En este sentido, refleja «tras los años desastrosos de pandemia un cambio de tendencia». Por territorios, las comunidades con mayor limbo de la dependencia, es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (27,1 por ciento), La Rioja (18) y País Vasco (17); y las que menos, Castilla y León (0,18), Castilla-La Mancha (3,71) y Aragón (4).

Por otro lado, las prestaciones y servicios son cada año «más low cost e insuficientes» para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445 y 550 euros al mes.