En julio de 2018 entró en vigor la Ley 5/2018 que modificaba la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil para agilizar el desahucio de viviendas okupadas. Es cierto que «la reforma terminó con fórmulas trasnochadas y muy lentas» para echar a aquellos inquilinos que se perpetuaban en una vivienda sin pagar, pero también «es verdad que los plazos no son tan rápidos como puede parecer sobre el papel de la Ley», señala José Muñoz, gerente de la Cámara de la Propiedad de Burgos. «Es muy difícil que el desalojo se produzca en 30 días una vez iniciado el juicio verbal, que es el tiempo del que presumían los legisladores en ese año 2018», agrega.
Es muy lógico que a una persona que de la noche a la mañana se encuentra que una vivienda de su propiedad se encuentra okupa se le pasen mil cosas por la cabeza. Desde cambiar la cerradura o acudir a una empresa de desahucios, que se están poniendo de moda en otras provincias, hasta denunciar una usurpación de su casa. Sin embargo, los expertos recomiendan tener más calma. Descartan las dos primeras opciones porque, paradójicamente y aunque el fin sea loable, se puede llegar a incurrir en una ilegalidad. La tercera, aunque es una opción que hasta hace bien poco se optaba por ella, la desaconsejan porque lo más seguro es que el procedimiento se ralentice mucho más que si se acude a la vía civil, donde el procedimiento es más sencillo.
Muñoz recomienda «cuanto antes» llevar el caso por este procedimiento que habilitó la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil. «Si una persona permanece en tu vivienda mucho tiempo va a ser mucho más difícil echarle. En el momento en el que tienes constancia debes acudir a los tribunales», subraya. «Lo que te pide el cuerpo es denunciar a la Policía y ahí se inicia un proceso penal que, por un lado, se va ralentizar mucho más. Incluso es posible que el juez archive el caso porque lo considere fuera de su jurisdicción y te mande de vuelta a la casilla de salida».
A pesar de que la vía civil es mucho más rápida que la penal, es lógico que los afectados sientan indefensión al ver cómo tienen que esperar como mínimo seis meses para recuperar sus casas. Las zancadillas legales que encuentran en el camino provocan que algunos busquen un atajo y quieran tomarse la justicia por su mano. José Muñoz Plaza desaconseja esta opción. «Lo que vimos hace un par de años en Villímar -vecinos que quisieron obligar a unos okupas a abandonar una casa- es algo completamente irregular aunque lo que se persiga sea algo lícito», advierte antes de matizar que estas situaciones se dan como consecuencia de «una falta de respuesta del Estado». Además, concluye, «al okupa no le importa entrar en esos derroteros porque normalmente tiene poco que perder».