La pandemia y la crisis económica que ha provocado la llegada del coronavirus están destruyendo empleo, no hay más que ver la evolución de las cifras del paro, con un enero en el que el número de burgaleses que se quedó sin trabajo se elevó un 25% interanual. Ahora bien, a tenor de los datos que aportan los juzgados de lo social burgaleses, el número de despidos, lejos de crecer, está descendiendo. Si entre el 1 de enero y el 23 de febrero de 2020 entraron 134 demandas por rescisión de contratos, en el mismo periodo del presente ejercicio la cifra se ha quedado en 106, lo que representa una disminución porcentual del 20%.

¿A qué obedece esta aparente paradoja? Por partes. Los números que hace públicos el Ecyl a primeros de cada mes muestran cuántos ciudadanos han pasado a engrosar las listas del paro, que no tienen que ser despedidos, de hecho «la mayor parte son personas a las que se les ha terminado un contrato temporal y no ha sido renovado». «Hay que recordar que la mayor parte de los nuevos contratos que se firman, más del 90%, son de carácter eventual», advierten fuentes sindicales. 

Por otro lado, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) «están contribuyendo, qué duda cabe, a contener los despidos en sectores muy tocados por la pandemia, como son la hostelería, las agencias y, en menor grado, el comercio», recuerda Cristina Martínez, experta en derecho laboral del despacho CMV. De modo que no le extraña que las demandas en los juzgados sociales estén descendiendo.

De la misma opinión es otro laboralista, Darío Bernatto, quien subraya que los ERTE «están protegiendo a los trabajadores en estos momentos». El problema es saber hasta cuándo. Este letrado no se atreve a dar un vaticinio, pero estima que cuando el Gobierno deje de prorrogar la vigencia de esos expedientes vinculados directamente a la pandemia «empezará a haber despidos, esperemos que no muchos».

Martínez, por su parte, hace una doble previsión. Por un lado, advierte de que algunas empresas «están empezando a rechazar ya las exoneraciones de las cuotas de la Seguridad Social» con el fin de poder empezar a despedir. Los ERTE contienen la opción voluntaria de seguir haciendo esos pagos o no y en qué proporción. Ahora bien, el titular del negocio que se acoge a esa ventaja está sujeto a unas obligaciones, entre ellas la de mantener el empleo por seis meses. 

Algunos empresarios que están pasando por malos momentos y que se hallan en el trance de decidir si dejan de pagar el alquiler o si prescinden de parte del personal «están empezando a optar por esta última opción como única manera de subsistir», pues quedarse sin local, consideran, sí supondría la puntilla para su actividad. En este sentido, la abogada cree que «en los próximos meses sí se van a producir más despidos».

Sin embargo, ese momento va a llegar en «una época, mayo, junio y julio, en la que previsiblemente la actividad de la hostelería y del comercio se va a incrementar» con el fin del estado de alarma y el fin de algunas de las restricciones, «de manera que el empleo puede repuntar en ese sentido». «Si los hay, no creo que los despidos vayan a llegar en oleada, no va a ser una debacle», pronostica.

Más carga de trabajo. Los profanos podrían pensar que si hay menos despidos los juzgados de lo social tienen menos carga de trabajo. Para nada, el número de asuntos que ha entrado en esta jurisdicción -en los tres órganos de Burgos- «ha crecido un 10%», según revela la secretaria coordinadora de la oficina judicial de Reyes Católicos. Son muchos los tipos de pleitos que se dirimen en este orden jurisdiccional y, si por una parte los ERTE han contenido los despidos, por otra han contribuido a incrementar la litigiosidad con demandas de reclamación de cantidad por subsidios mal calculados, vacaciones o disfrute de días de libre disposición vinculados a esos expediente de regulación temporal de empleo.

Así que la actividad en los ya de por sí sobrecargados juzgados de lo social se eleva y se pone de manifiesto la necesidad, perentoria, de un refuerzo que contribuya a aliviar a las tres magistradas titulares -que lo han reclamado por activa y por pasiva- y a sus oficinas judiciales. En la actualidad, según explican abogados laboralistas de Burgos, el tiempo de espera para el señalamiento de un juicio por despido desde que se presenta la demanda es de diez meses, cuando hace un año «no eran más que cuatro o cinco».

La presidenta de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María José Renedo, anuncia que la Sala de Gobierno ha ofertado ese refuerzo en comisión de servicios y está esperando a que lleguen las consiguientes solicitudes. La magistrada y el propio Alto Tribunal autonómico llevan años solicitando la creación de un cuarto juzgado en esta jurisdicción, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio hacen caso omiso. De hecho, cuando se ha ampliado la planta han optado por aumentar la nómina de órganos civiles (de primera instancia) en el partido de Burgos.

Al margen de que los juicios se están señalando tarde, los letrados especializados piden que «las citaciones se hagan con más antelación, porque ahora están llegando los avisos para celebración de vistas con un mes o mes y medio, de manera que en ocasiones es difícil reunir testigos y documentación para afrontar el procedimiento con garantías».

Y, sí, los magistrados no dan a basto; los abogados, graduados sociales y procuradores tampoco lo tienen fácil, pero «al final quien paga el parto es el ciudadano, el trabajador despedido que reclama una cantidad y ve cómo el procedimiento se alarga, la empresa pierde solvencia y concluye percibiendo los salarios no pagados del Fogasa, inferiores y muy tarde».