El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Castilla y León (Stacyl) alerta del «déficit» de personal funcionario administrativo en los centros educativos burgaleses, en los que faltan por cubrir 16 de las 79 plazas contempladas en una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que «lleva años sin actualizar y que no se corresponde con la realidad que se vive ahora».

Laura Bobes, responsable de la organización en Burgos, exige a la Consejería de Educación que complete todos los puestos libres, ya sean por vacantes que siguen sin cubrirse o por incapacidades temporales sin sustituir. En este sentido, pone como ejemplo el caso de un colegio de la provincia en el que se tardó «hasta ocho meses» en aportar una solución, así como el hecho de que «muchos colegios» del medio rural carecen de este personal, provocando que un profesional «tenga que moverse» de un destino a otro, lo que, según asegura, también ocurre en la capital, donde la media plaza por centro con la que se suele contar resulta insuficiente.

Esta situación, a juicio de Bobes, genera que parte de la carga administrativa de una dotación educativa recaiga en los profesores, sobre todo en épocas de especial actividad como los periodos de matriculación. «Al final, ese déficit de profesionales no afecta al funcionamiento de un centro porque todo sale, aunque sea más tarde, con horas extras o el apoyo de los equipos directivos, a quienes no les corresponde esa función», precisa.

La denuncia de Stacyl parte de un estudio realizado en el último trimestre del año pasado en todos los territorios de la Comunidad, revelándose en este punto que Burgos se encuentra entre los que considera que «el problema es especialmente grave», al igual que ocurre en León y Valladolid. Lo mismo se está produciendo, según alerta, en las direcciones provinciales de educación, «con un imparable deterioro de las condiciones laborales y una falta de personal que está conllevando múltiples retrasos en la tramitación de los contratos de sustitución». 

Concurso de traslados. Bobes señala que la de Burgos no es ajena a una situación que califica de «tremenda» por la carga de trabajo existente. Asegura que el origen de esta problemática, al igual que en los centros educativos, radica un concurso de traslados que «llevaba 5 o 6 años sin convocarse», lo que ha provocado un gran volumen de movilidad entre el personal dejando vacantes que «sin ocupar y bajas que no se cubren».

Por otro lado y ya dentro del ámbito propiamente docente, los representantes sindicales se muestran en desacuerdo con los criterios marcados por la Consejería de Educación para la negociación de las plantillas jurídicas del próximo curso. La central de Stecyl, a la que pertenece Stacyl, los califica de «muy restrictivos» y valora que no contemplan la prometida bajada de las ratios por aula. Al respecto, exige que esta relación de puestos, que corresponden a los de funcionarios, «se ajuste lo máximo posible a las plazas funcionales», que son las cuentan los centros educativos a través del denominado cupo y con las que se atienen las necesidades de cada ejercicio lectivo.