La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la condena a tres años de prisión a un matrimonio residente en Burgos por tráfico de drogas, según ha informado este viernes el Gabinete de Comunicación del Órgano judicial. De este modo, desestima el recurso interpuesto por la pareja, que fue condenada en primera instancia a tres años de prisión cada uno y a una sanción de 60.000 euros, entre ambos, por dicho delito.

Los hechos se remontan a mayo de 2018, cuando la Policía Nacional, tras montar un dispositivo de observación y detectar cómo se traficaba con droga, accedió al domicilio de la pareja en el parque Buenavista de Gamonal, donde residía junto a su hija, e intervino unos 220 gramos de cocaína y algo más de 7.200 euros en efectivo.

La defensa del matrimonio presentó el recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial, de diciembre de 2019, al considerar que no se había tenido en cuenta "la grave adicción a sustancias estupefacientes" de la pareja. Asimismo, alegando que no existía prueba de cargo y que se había otorgado "plena credibilidad a las manifestaciones de los policías encargados de la investigación" sin considerar la presunción de inocencia del matrimonio.
A la cárcel con un bebé. Tras el arresto en mayo de 2018, como informaba este periódico el día 26 de ese mismo mes, el juez envió a prisión a R.G.T., que ingresó en el penal de Aranjuez con un hijo de apenas 20 días de vida y en periodo de lactancia materna.

Su abogado presentó entonces un recurso de alzada contra el auto para pedir su puesta en libertad al considerar que la medida era exagerada a la hora de asegurar su presencia en el procedimiento judicial. La Fiscalía también defendió su entrada en la cárcel para evitar la reiteración delictiva.

En su escrito, la defensa alegaba que no contaba con antecedentes penales y que colaboró en la entrada y registro de la Policía Nacional en su domicilio. Además,  aseguró que la mujer solo cumplía órdenes de su pareja y que no contaba con dinero procedente de la venta de droga.

Diez días después, el Juzgado de Instrucción número 1 decretó su puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros.