La lucha contra el cambio climático y la apuesta por las energías verdes se enfrenta a otra lucha más denodada y urgente: la de la digitalización de procesos y la de la adaptación de las plantillas y las formas de trabajar en la Administración Pública a las urgencias y necesidades del momento. Sin una gestión pública rápida y eficaz es «imposible», «desesperante» y «desalentador» apostar por las renovables. Así lo sienten los centenares de particulares burgaleses que han colocado paneles solares para autoconsumo en sus hogares y que han quedado atrapados en un tapón administrativo con origen en la Junta de Castilla y León, lo que les impide tener autorizadas unas instalaciones que ya llevan meses en funcionamiento y, muchas de ellas, vertiendo a la red sin compensación alguna.

El problema se localiza, principalmente, en el Servicio Territorial de Economía que, pese a atender a una provincia con un gran peso industrial y un alto desarrollo de las energías renovables, solo cuenta con 4 funcionarios «de una alta cualificación» -destacan los consultados- pero insuficientes para abordar, en este caso, la enorme demanda de autorizaciones de placas solares de Burgos capital y del resto de la provincia registrada desde enero del pasado año.

Según los propios solicitantes, particulares y empresas instaladoras, dos de los cuatro funcionarios del Servicio atienden estas solicitudes (entre otras tareas), pero uno de ellos ha tenido una baja de larga duración (por maternidad).

Una plantilla claramente insuficiente y mermada se enfrenta a la entrada de una media de hasta 15 expedientes diarios de instalaciones de autoconsumo solar en Burgos, cuando lo normal eran entre uno o ninguno. Son decenas de expedientes que se suman a los ya pendientes y que se tramitan por estricto orden de entrada.

Según reconoce el propio responsable del Servicio, Mariano Muñoz, se han visto «desbordados» por tal avalancha de peticiones, «algo a lo que no estamos acostumbrados a lidiar con una plantilla que responde a una relación de puestos de trabajo diseñada hace muchos años e imposible de actualizar en función de las circunstancias». Como consuelo, matiza que Burgos es la provincia de Castilla y León que sufre menos retrasos y la que más potencia solar está instalando en conjunto.

Los tiempos de espera de los solicitantes consultados oscilan entre 2 y 4 meses largos cuando lo normal hasta hace año y medio era un par de semanas como máximo para un boletín eléctrico. Hay, al menos, 400 solicitudes en espera de resolución, aunque el pasado noviembre el tapón alcanzaba las 800.

La autorización de la Junta de Castilla y León es clave para que las instalaciones fotovoltaicas cuenten con su boletín eléctrico emitido, lo que les permite verter su excedente a la red eléctrica y recibir compensaciones por ello por parte de las comercializadoras. Es el paso clave, pues da sentido al cambio de suministro energético verde en los hogares, lo que permite ahorros de entre un 40% y un 60% con respecto a un suministro convencional.

Para colmo, y aunque sea sancionable, hay muchas instalaciones fotovoltaicas ya programadas para verter a la red sin estar autorizadas y a la espera del boletín. Con los retrasos administrativos generalizados, son entre 2 y 4 meses de media en los que se está 'regalando' la energía de los paneles a una comercializadora sin poder obtener ningún beneficio a cambio.

Lo reglamentario, aunque no todas las instaladoras lo hacen, es 'capar' temporalmente los paneles para que no salga un solo kilovatio a la red y se produzca un autoconsumo instantáneo (si hay sol), sin excedentes. Lo habitual es justo lo contrario, penalizando al particular.

Subcontrata. La situación de colapso obligó a la Junta de Castilla y León a emitir una orden, fechada el pasado 28 de noviembre, para agilizar el atasco de trámites. «A día de hoy se ha aligerado un poco. Se han puesto los mecanismos necesarios para corregir el atasco, pero en la práctica no se está logrando», constata Ismael Martín, de la ingeniería de instalaciones energéticas Abasol y con muchos expedientes en trámite. El papeleo se ha derivado a la empresa pública Tragsa. 

El delegado territorial de la Junta, Roberto Saiz, reconoce las dificultades, pero asegura que la plantilla del Servicio Territorial de Economía «se ha cubierto» y para aligerar los expedientes pendientes se han dividido debido a su complejidad. Los sencillos -muchos de ellos instalaciones en hogares- se están tramitando a marchas forzadas desde noviembre, los complejos continúan en proceso...

«Entre el 70% y 80% de las solicitudes son simples, no requieren solicitudes de acceso y conexión, entre otros requisitos, lo que nos permite darles trámite automatizadamente», explica Mariano Muñoz, quien adelanta que han alcanzado un ritmo de unas 40 resoluciones tramitadas cada jornada. «Salvo las que tengan problemas, confiamos que en el plazo de un mes nos pongamos al día...».

El visto bueno de la Junta no es el último trámite. Hace falta una comunicación por parte de la empresa distribuidora que es la que va a gestionar los excedentes de energía y que también exige la presentación de documentación. La llamada a estas empresas suele requerir de mucha paciencia y de largos tiempos de espera. También están saturados, dicen.

Unifamiliares. Detrás de muchos de los expedientes apilados sobre la mesa de la Junta hay una casa unifamiliar y una familia con el deseo ser más eficientes energéticamente y, de paso, ahorrar dinero en sus facturas de la luz.
El cambio les ha supuesto una inversión de entre 6.000 y 10.000 euros y la colocación de una decena de paneles en el tejado con unos 4,5 kilovatios de potencia instalada como media. 

Los permisos, la instalación y las subvenciones (activas hasta el 31 de diciembre) se suelen contratar y gestionar a través de una sola empresa, una compañía energética, un banco o cualquier tipo de comercializadoras. Muchos han entrado en este negocio.

El gestor energético subcontratado se sirve de un programa informático para conocer la ubicación, la orientación, las horas de exposición al sol o la superficie del tejado. Se le aportan las últimas facturas eléctricas y de toda la información recabada se realiza un estudio que determinará el consumo necesario del hogar para que se ajuste a los criterios de la subvención que reciben estas energías renovables.

En un mes desde el comienzo de las gestiones, las placas están instaladas y operativas, otra cosa es su legalización, para la que pueden pasar, como antes se ha mencionado, entre dos y cuatro meses.

El autoconsumo solar no solo implica poner placas sino también cambiar los hábitos de consumo en el hogar, primando las horas de sol. Es más, muchos propietarios siguen la generación y consumo de energía desde su teléfono móvil.

Si se cuenta con el boletín eléctrico para verter los excedentes no consumidos a la red, lo que no ocurre en muchos casos, hay hogares que destinan este sobrante a una batería virtual, una especie de hucha que permite usar el excedente en días nublados o incluso para su destino a una segunda residencia. Soluciones hay múltiples para los que dan el salto al mundo de las energías renovables para autoconsumo, un salto que en la mayoría de las veces es al vacío ante los retrasos y la complejidad administrativa que impone la Administración Pública. La lucha contra el cambio climático empieza por un cambio radicar en la gestión.