Al Gobierno de coalición del PSOE y Cs no parece que le haya gustado demasiado la resolución de una técnico del Ayuntamiento que después de haber propuesto el pasado mes de junio una sanción de 150.000 euros a la empresa que transformó el antiguo colegio Niño Jesús en viviendas de lujo, se desdijera hace apenas un par de semanas para admitir que concurrían causas de fuerza mayor para que se desmontara una parte de la fachada. Pese a gozar de una protección especial y pese a que el Consistorio puso el grito en el cielo ante los hechos sucedidos en abril de 2019.

Esa es una de las dos únicas explicaciones posibles (la otra es que solo quiera asegurarse de que se ha obrado bien) al hecho de que ayer, en una reunión a la que asistieron varios técnicos de Licencias, el concejal del área, Julio Rodríguez-Vigil, y el alcalde, Daniel de la Rosa, se decidiera pedir una segunda opinión antes de decidir, de manera definitiva, si se pone la multa o no. Lo que se hará, según relató el edil, es pedir «una prueba técnica» a un arquitecto municipal para que determine si realmente concurrían esas causas de fuerza mayor para retirar una parte de la fachada que mira hacia la calle Aparicio y Ruiz.

Solo hay dos alternativas. O no hay multa o la sanción será de 150.000 euros, admiten desde el Ejecutivo municipal. No cabe término medio. Si el arquitecto concluye que concurrían razones de fuerza mayor para retirar la fachada (un riesgo de derrumbe) la empresa se librará de pagar. En caso contrario deberá de pagar.

Para realizar ese trabajo, el arquitecto se servirá de la información que pueda existir en el expediente y analizará también la documentación que envió la empresa para recurrir la sanción con un perito de parte (...).

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