Después del inesperado cierre de la residencia de personas mayores de Briviesca Reyna Amalia el pasado 30 de abril, los que fueran sus empleados continúan sin cobrar el finiquito, según han confirmado a este periódico. El Juzgado Mercantil número 1 de Burgos dictó en julio el auto de declaración del concurso voluntario de acreedores, solicitado por la propietaria. 

La plantilla del geriátrico, que inició su actividad en 2004, desempeñó con normalidad sus funciones hasta el 30 de abril, fecha en la que se clausuró definitivamente. Según una de las antiguas empleadas, que prefiere mantenerse en el anonimato, «ninguno de los 12 trabajadores que por aquel entonces desarrollaban su actividad en el centro han cobrado la nómina del último mes ni los atrasos acumulados». Asimismo, tiene certeza de que el propietario de los locales en los que se ubicó la residencia «no ha recibido los pagos de varios meses de alquiler», detalla. 

A su vez, la auxiliar de enfermería declara a este periódico que desde que terminó su contrato no ha vuelto a ver a la empresaria ni a tener noticias, más allá de lo que «era un secreto a voces, que solicitaría concurso de acreedores», explica. «Miro todos los días el correo electrónico pendiente de conocer si por fin se soluciona algo, pero por el momento no he recibido ninguna notificación. Esperemos que no se demore mucho porque son ya casi seis meses con la preocupación», añade. La sanitaria, que trabajó en el centro durante casi una década, declara que al enterarse del cierre de la residencia se interesó por su gestión, pero el elevado coste del arrendamiento de los dos espacios que ocupa -el más pequeño cerró en 2012- la impidió dar el paso. 

Según los empleados y familiares de los residentes con los que este medio contactó, «el rumor de la clausura se conocía, aunque la gerente no dio aviso hasta dos o tres semanas previas». A partir de que la noticia se confirmase, 19 residentes fueron trasladados a otras instalaciones de Burgos y Miranda de Ebro, y en otros casos a viviendas de familiares.

Para otra de las ex empleadas los problemas comenzaron cuando el 17 de abril de 2020 la Junta de Castilla y León decidió intervenir la residencia Reyna Amalia y trasladar a nueve de sus ocupantes a Miranda de Ebro para salvaguardarles de la pandemia. «Se marcharon para unos días y algunos regresaron tres meses después. Esta situación marcó un punto y a parte para todos», reconoce con tristeza.

Espacio vacío. Desde el momento en el que el geriátrico quedó vacío, el Ayuntamiento de la capital burebana estudió la idea de ubicar en sus dos edificios un centro de día. Una idea que descartaron puesto que las instalaciones no cumplían con las condiciones óptimas para tal fin. Los grupos de la oposición, el Partido Popular y Ciudadanos, criticaron la decisión justificando que «este espacio no necesitaba tanta inversión como el edificio que ya han adquirido».