Se encuentran los principales partidos políticos nacionales –también los independentistas, pero esa es harina de otro costal- en un proceso de cabalgar contradicciones, que diría el fundador de Podemos, Pablo Iglesias, porque las circunstancias nacionales e internacionales han cambiado como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, y han alterado el orden económico, lo que les ha obligado a cambiar o matizar posiciones ideológicas tradicionales para adaptarse a las nuevas circunstancias.  

La entrada de Suecia y Finlandia en la OTAN, votada a favor en el Congreso, ha supuesto un nuevo motivo de disensión en el seno del Gobierno de coalición, con los diputados de Podemos absteniéndose y los de Izquierda Unida votando en contra, excepto su líder y ministro de Consumo, Alberto Garzón. En esta ocasión la discrepancia no hará que la sangre llegue al río ni que tenga la intensidad de otros enfrentamientos en el seno del Ejecutivo. IU nació al calor de las manifestaciones en contra de la OTAN y aún conserva esa seña de identidad. Todo habría seguido igual entre los países que han abandonado su neutralidad y en el seno de la alianza militar de no haber mediado las ansias expansionistas de Vladimir Putin. Podemos ha decidió ser beligerante contra la OTAN y cabalga la contradicción de su posicionamiento a favor de un arreglo pacífico en Ucrania, con la realidad de que no hay un escenario de paz en el horizonte mientras se mantenga la invasión, y que no se tenga en cuenta el deseo soberano de los países que buscan un paraguas en el que refugiarse ante el imperialismo ruso.   

En el PP, la respuesta de la Comisión Europea a los problemas derivados de la invasión de Ucrania, con la crisis de suministros, de los precios y las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas, causa también marejada porque les ha pillado con el pie cambiado. Su receta para todo en el orden económico es la bajada de impuestos. Sin embargo, muchos países con gobierno conservadores han seguido o desarrollado políticas muy similares a la propuesta por el Gobierno español en orden a gravar los beneficios caídos del cielo de las entidades financieras y empresas energéticas como fórmula para intentar bajar los precios de los suministros o de allegar fondos para cubrir las subvenciones acordadas. La votación en contra de los nuevos impuestos a esas entidades previsto por el gobierno causó discrepancias en el seno del PP y las medidas impulsadas por Ursula von de Leyen no han hecho sino acentuarlas. Los portavoces del PP intentan buscar diferencias formales entre las medidas de Pedro Sánchez y las de la Comisión, pero el signo de los tiempos va en la línea de proteger a los ciudadanos más que en insistir en los presupuestos ideológicos neoliberales.   

El PSOE se encuentra también inmerso en una contradicción flagrante a cuenta de la condena del expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, y el indulto que solicitará tras ser condenado a seis años de cárcel -por malversación- en la sentencia del Supremo del 'caso ERE'. El partido que llegó al Gobierno como adalid contra la corrupción se debate entre indultar a uno de los suyos al que considera inocente o dejar que su situación se resuelva en el ámbito penitenciario. Pedro Sánchez puede tener la tentación de lo primero –dos jueces de cinco se mostraron contrarios a su condena-, pero habrá puesto en solfa todo su discurso contra la corrupción política.