Hace ya mucho tiempo que en el Ayuntamiento de Burgos son conscientes de que las instalaciones del Ecoparque de Cortes precisan de una inversión millonaria. Podría incluso parecer exagerado afirmar que se caen a cachos si no fuera porque ya en septiembre de 2019 se desprendió parte del tejado de la planta de biogás del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR). Lo que sucede es que esta situación, provocada por la inacción en los últimos años, va a tener con carácter casi inmediato notables consecuencias económicas para la ciudad.

La entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos y suelos contaminantes, publicada en el BOE en abril de este año, contempla importantes penalizaciones para aquellos municipios que no hayan hecho en tiempo y forma los deberes en materia de reciclaje. Lo hará a través de un nuevo impuesto estatal (que sustituye al autonómico) que castigará el depósito de residuos al vertedero. Porque si hasta ahora se están pagando 7 euros por tonelada, a partir del 1 de enero de 2023 la factura por cada mil kilos que se lleven a Abajas será de 30 euros.

(Más información, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)