Fue el pasado mes de octubre cuando las asociaciones que representan los intereses de las personas con discapacidad dieron la voz de alarma. Desde Hacienda se les estaba instando a que devolvieran los gastos que se habían deducido, ejerciendo su derecho a ello, por el mantenimiento de sus familiares con alguna discapacidad. Exigía la Agencia Tributaria que demostraran la convivencia con la persona afectada y la dependencia económica de aquella del núcleo familiar, algo que indignó profundamente al colectivo. En todos estos casos, la persona con discapacidad vive todo el tiempo o parte de él en una residencia donde se le ofrecen los servicios que precisa, pero las familias no solo están en permanente contacto con ellas en fines de semana, vacaciones y fiestas y muchas veces a diario sino que se hacen cargo de muchos de los gastos que tienen.

La denuncia encontró eco, incluso, entre los técnicos de Hacienda que hicieron público su malestar por el hecho de que se hiciera blanco en estos colectivos vulnerables y tras varias gestiones -algunas de las cuales no trascendieron a la opinión pública- parecía que el asunto se había paralizado, un problema que las asociaciones de Burgos veían centralizado en esta provincia. Pero no ha sido así.

Este periódico ha conocido la denuncia del padre de un hombre con una discapacidad que lleva ya varios años recibiendo requerimientos de los gastos que se ha desgravado desde 2016, es decir, la misma praxis que para el resto de las familias. Cuenta que la primera vez recurrió, no le fue aceptado el recurso y pagó lo que le exigían pero puesto en contacto con una asociación ha constatado que la casuística es la misma: la exigencia de demostrar convivencia y dependencia económica y la percepción que tiene de Hacienda de ambos conceptos. "Hay muchos gastos de él que pago yo -ropa, útiles de aseo... de los que, por supuesto, no guardo facturas, y mucho del tiempo de mi trabajo que empleo en su atención". En las asociaciones se tiene la impresión de que si bien estas inspecciones se pararon en las familias con su respaldo, ahora la Agencia Tributaria podría intentar la misma recaudación con aquellas personas que quizás no tengan un soporte asociativo, por lo que las califican de "incomprensibles".

La denuncia que hicieron estas familias es que Hacienda estaba poniendo en duda que tuvieran derecho a las deducciones que siempre se habían hecho debido a que la ley modificó algunos conceptos en 2015 y lamentaron que esta iniciativa estuviera "completamente en contradicción con el espíritu de las leyes que estipulan que hay que proteger a las personas con discapacidad porque provocan gastos absolutamente extraordinarios".

La Agencia Tributaria hizo públicas en su día una serie de explicaciones técnicas que intentaban justificar la situación, y más tarde ordenó paralizar del todo la campaña, probablemente por la queja del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y hasta el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), por boca de su portavoz, manifestó idéntico estupor al de las familias. "Nos preguntamos si no hay otros lugares donde investigar el fraude tributario mejores que el elegido", dijeron.