La inflación, que ya roza el 10% (el 9,8% exactamente) según los datos adelantados de marzo, está poniendo a prueba la solidez de la negociación colectiva y tensando hasta el extremo las relaciones entre empresarios y trabajadores. Los últimos sectores y empresas que mantienen la referencia al IPC real en Burgos ya están abonando los retrasos de 2021, cuando la inflación llegó hasta el 6,5%, pero ven "muy difícil" hacer lo propio este año si la escalada de precios sigue al actual ritmo, 3,5 puntos por encima del pasado año, que ya de por sí fue excepcional.

Es más, FAE ya adelanta que los sobrecostes laborales actuales en estos sectores serán tenidos en cuenta en las futuras negociaciones de sus convenios, porque esta escala "es inviable" y será necesaria "una compensación", apuntan desde la patronal. Asimismo, avisan de que ya hay empresas que están optando por el descuelgue de convenio, la inaplicación del mismo por causas económicas vinculadas al alza salarial.

En la provincia hay cinco convenios sectoriales en los que sobrevive la cláusula de revisión salarial, aunque lo afrontan de diferente manera. Son los de la industria siderometalúrgica (el metal), panaderías, confiterías, bodegas y herboristerías. Suman en torno a 1.500 empresas y 16.000 trabajadores a los que el mantenimiento de esta salvaguarda les ha permitido hasta un 5% de resivisión salarial, lo que en el metal, por ejemplo, supone una media de entre 500 y 550 euros por trabajador.

Tal esfuerzo económico para las empresas del metal, llevó a la patronal sectorial, Femebur, a plantear el escalonamiento de las subidas de 2021 prorrogando dos años más el convenio vigente, aunque finalmente no hubo acuerdo con los sindicatos. Ya se han abonado el 5% de subida correspondiente al segundo semestre de 2021. Es más, según consta en el convenio, este incremento del IPC servirá como base de cálculo para la subida salarial de 2022. Hasta marzo, la guerra de Ucrania y el caos energético que ha propiciado han disparado el coste de la vida hasta rozar el 10%.

Hay grandes empresas, como es el caso de Benteler, en las que la revisión salarial de 2021, que alcanzaba hasta el 6%, se ha prorrateado para los próximos 3 años, en los que no se aplicará incremento salarial alguno. Para ello, ha sido necesario el acuerdo entre sindicatos y la compañía. 

También aplican esta revisión el sector de bodegas y distribuidores de vinos y licores, que contemplaba una subida salarial del 2% en 2021 y una revisión del IPC si supera ese porcentaje con efectos desde el 1 de enero del pasado año, es decir, un 4,5% de alza.

El convenio de confitería recoge que los salarios pactados para este año deben contemplar el IPC real de 2021 (6,5%), al que hay que sumar un 0,20%. De acuerdo a lo pactado el alza salarial es del 6,7%.

Las panaderías, que cuentan con más de un millar de empleados en plantilla, también juegan con el IPC, que se revisará en el caso de que supere el 5,5% en el acumulado de los años de convenio, que van desde 2019 hasta 2022. El 5,5% es la suma de las subidas contempladas de los cuatro años pactados (un 1% el primer año y el 1,5% los tres restantes) y una cláusula residual obliga a abonar la diferencia si se supera el 5,5%. En este sector la subida no se aplica con efecto retroactivo sino incluyéndola en el futuro convenio del sector, que deberá negociarse este año.

Herboristerías y empresas especieras firmaron una subida salarial del 1,75% en 2021, que se revisará al final del año conforme al IPC. La diferencia (4,75%) se pagará este año, no con efecto retroactivo, y en ningún caso la revisión puede pasar de un 0,75%, con lo cual, el resto lo asume el trabajador.

Moderación 

La revisión salarial acorde a la histórica escalada de precios que padecemos esta en todas las mesas de negociación de convenios abiertas en la provincia. Los empresarios insisten en un mensaje de moderación y en que "no se puede generalizar lo que está siendo excepcional ahora", es decir, no se puede aplicar un incremento del 9,8% de los salarios de 2022 ni, llegados al extremo, pactar una tabla salarial cada mes.

El Banco de España advertía esta semana que el porcentaje de convenios con cláusula de salvaguarda laboral ha crecido en los primeros meses del año hasta situarse en casi el 30% de los trabajadores con convenios registrados (antes estaba por debajo del 20%). "La mayor incidencia de la cláusula -subraya el supervisor- conlleva un aumento del riesgo de que eventualmente se materialice una espiral de incrementos de salarios-precios que podría tener efectos muy nocivos sobre la actividad y sobre el empleo en un horizonte de medio plazo".

FAE defiende, en este sentido, que los trabajadores han ido ganando poder adquisitivo en los últimos años -menos en 2021- sin la cláusula de revisión salarial. Insiste en que los incrementos salariales pactados en convenio fijan un capítulo tan importante para las empresas como es el de sus costes laborales durante la vigencia de los acuerdos. "Si todo se fía a cláusulas externas, como la del IPC, se genera inseguridad e incertidumbre", explica Íñigo Llarena, vicesecretario de FAE. Además, el IPC se aplica con efecto retroactivo, por lo que si su comportamiento excede lo previsto, como ocurre en la actualidad, no se puede repercutir en precios y clientes. 

"Con o sin cláusulas de revisión -subrayan desde FAE- Burgos sigue siendo una de las provincias con las tablas salariales más altas y muy por encima del resto de provincias".

Sindicatos 

Desde CCOO, su secretario provincial, Juan Núñez, pide "equidad" y "equilibrio" en la negociación de los convenios para no tensar más la situación. Espera, en este sentido, que las medidas adoptadas por el Gobierno se hagan efectivas y tengan un reflejo real en el IPC. "No queremos que, como dice Benedetti, las políticas que crean pobreza terminen generando violencia, y violencia es que haya gente que no tenga dinero para atender a su propia supervivencia y la de su familia".

Núñez insiste en que la situación de cada empresa debe abordarse en la negociación con sus trabajadores y alcanzar acuerdos según las posibilidades de cada cual.

Esta misma idea coincide su compañero en UGT, Pablo Dionisio Fraile, quien también espera que las medidas anunciadas por el Gobierno "amortigüen en parte" una escalada de precios que perjudica seriamente a los trabajadores y sus familias. "Hay muchas empresas que han tenido problemas para el pago de los atrasos de 2021", reconoce.

UGT, añade, está dispuesta a negociar fórmulas que permitan que los retrasos sean pagados a los trabajadores "más pronto que tarde" y "estamos abiertos a estudiar las dificultades de cada cual y a negociar hasta donde haga falta".