A muchos autónomos burgaleses el corazón les ha dado un vuelco al conocer la intención del Gobierno de reformar su sistema de cotización a la Seguridad Social, un cambio que muchos creen necesario (pues sus pensiones son ridículas) pero que se está planteando justo en el peor de los momentos, cuando en Burgos han desaparecido 260 trabajadores por cuenta propia desde el pasado mes de diciembre y buena parte del resto sobrevive a las exigencias de la crisis sanitaria.

De los 27.282 afiliados al régimen especial, el RETA, un 60%, en torno a los 16.400 en Burgos, cotiza por la mínima por una sencilla razón: sus ingresos reales declarados al mes no superan los 950 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Cada mes abonan 283 euros para garantizarse una pensión de jubilación que, en cuentas actuales, se sitúa en torno a los 900 euros.

Hay otro 20% que declara unos rendimientos netos superiores a los 25.000 euros, lo que en Burgos implicaría a unos 5.800 empresarios. A ellos está enfocada esta reforma actualmente en discusión que, de llevarse a efecto, implicará un aumento de la cuota que están pagando a la Seguridad Social adecuando así su cotización a sus ingresos reales.

La propuesta barajada por el Gobierno se enmarca dentro del proceso de reforma y adaptación del sistema público de pensiones. En el ámbito de los trabajadores por cuenta propia, más de 3,2 millones en España, propone que definan su base de cotización según su estimación de ingresos.

Los que ingresen menos de 12.000 euros al año, ese 60% estimado por ATA, mantendrá una tributación por la base mínima y podría recibir rebajas de hasta el 50% de lo cotizado, mientras que los que ingresan hasta 25.000 euros mantendrán su cotización. Está se elevará progresivamente hasta el máximo de 45.000 euros al año.

La medida llega en un «momento inoportuno», reflexiona el burgalés Domiciano Curiel, presidente de ATA Castilla y León, porque si bien se vende como una forma de protección de la mayor parte de los autónomos, incide en las cuotas de muchos otros que ahora están pendientes de la devolución de los créditos que les están sosteniendo en la actual crisis sanitaria.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, critica este proyecto porque «sólo se podría aplicar al 46% de los 3,2 millones de autónomos que hay en España, es decir, sobre los que Hacienda conoce sus rendimientos netos. El resto, unos 1,5 millones quedarían excluidos del modelo que planteó el Gobierno, pues la Agencia Tributaria no sabe cuáles son sus rendimientos netos y, por tanto, no se sabría qué cuota aplicarles. Estamos hablando de los autónomos que trabajan para un familiar (los llamados colaboradores), los profesionales que están en módulos y los que tienen una sociedad. También están los 195.000 autónomos que a día de hoy trabajan también como asalariados, es decir, los que se encuentra en pluriactividad, por lo que cotizan tanto en el RETA, como el Régimen General».

A los mencionados añade las nuevas altas al RETA, más de 200.000 este año, «emprendedores que han comenzado su actividad y de los que Hacienda tardará un tiempo en conocer sus rendimientos netos ¿Por cuánto tendrían que verse obligados a cotizar?».

comercio. El universo del trabajador por cuenta propia en Burgos es muy diverso. La gran mayoría operan, por este orden, en los sectores del comercio y la agricultura, seguidos de la construcción y la hostelería. «Muchos están en ERTE», recuerda Curiel.

Pese a las dificultades, el responsable de ATA se muestra crítico con el actual sistema, que lleva a que muchos autónomos con plantilla coticen menos que los trabajadores que tienen en nómina y perciban una pensión inferior. «Esto no es normal y no solo de cara a la jubilación, sino también ante una baja laboral. Influye la mentalidad que aún perdura en nuestro colectivo de ahorrarse costos de cara a la cotización, una visión a corto plazo que desde ATAestamos intentando corregir».

en ‘b’. Mal planteada la reforma, como ocurre ahora a ojos de ATA, solo puede propiciar un aumento de la economía sumergida (para evitar superar los nuevos tramos de cotización que plantea) y la desaparición de más autónomos, que optarán por constituirse en sociedades.

Los trabajadores por cuenta propia tienen que destinar una buena parte de los rendimientos de trabajo a cubrir gastos que no se puede deducir en el IRPF como el vehículo que utilizan para trabajar, la gasolina, las comidas con clientes, algunos suministros... «Y así un montón de gastos que en su gran mayoría no son desgravables. Y además, tienen que sufrir la morosidad de sus clientes, que en muchos casos son las propias administraciones».