La caza no está demasiado bien vista por determinados sectores de la sociedad, sobre todo por aquellos más desconocedores de la realidad del campo. Sin embargo, cada vez hay más conciencia de que la actividad cinegética es imprescindible por varias razones, como el control de poblaciones, la conservación de especies protegidas y, evidentemente, porque fija población y genera renta para los habitantes de un mundo rural que no anda precisamente sobrado en ese sentido. El Informe de Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborado por la consultora Deloitte para la Fundación Artemisan en 2018, recoge que este sector supone el 0,3% del PIB, genera alrededor de 187.000 puestos de trabajo en España y cuenta con una inversión privada de cerca de 290 millones de euros.

Pero como actividad económica que es, la caza tampoco se ha librado de los efectos negativos de la pandemia. Artemisan considera que la nueva temporada general, que comienza a lo largo del mes de octubre en las diferentes comunidades autónomas, puede registrar un 30 % menos de movimiento comercial. Además, el presidente de la Fundación Artemisan, José Luis López-Schummer, añade que prácticamente se perderá el 100% de cazadores extranjeros que todos los años venían a nuestro país a disfrutar de modalidades como el ojeo de perdiz, la montería tradicional española o los recechos de cabra montés, entre otros. Eso supondrá no solo un grave perjuicio económico para los gestores sino, asimismo, una pérdida en la economía de los pueblos en los que este turismo aportaba importantes ingresos, en empleos directos y en un importante complemento de renta para miles de españoles.

Pero para López-Schummer el problema no es solo económico, sino que la disminución de la actividad sin duda generaría un incremento exponencial de las poblaciones  de especies cinegéticas que, en consecuencia, podrían provocar daños muy graves al medio natural y aumentarían los daños a la agricultura y los accidentes de tráfico, sin olvidar las posibles repercusiones en la sanidad humana y animal. En cuanto a los estropicios en los cultivos y los siniestros en carretera, ya durante el estado de alarma que abarcó casi toda la primavera  se notaron los perjuicios para los agricultores y el aumento de atropellos, ambas cosas debidas sobre todo, aunque no solo, a los jabalíes. Todo ello llevó incluso a la declaración de emergencia cinegética en diferentes zonas y a la autorización de controles poblaciones durante el propio estado de alarma en prácticamente todas las Comunidades Autónomas. El presidente de Artemisan considera «imprescindible que se tome nota de lo ocurrido para evitar situaciones similares en el futuro, entendiendo el control de especies como actividad esencial si se diese un nuevo contexto de confinamiento».

En carne propia

Esta crisis se está traduciendo también en importantes pérdidas para el sector de la venta de carne de caza. La paralización durante el confinamiento de la actividad en establecimientos hosteleros les ha afectado, ya que el consumo doméstico en España es casi inexistente. Pero Jaime Hurtado, gerente de la Asociación Interprofesional de la Carne de Caza (ASICCAZA), explica que lo que realmente les ha hecho daño ha sido el tremendo bajón en la exportaciones. El 90% de la carne de caza española se marcha a centroeuropa y el parón económico que también se ha experimentado allí ha repercutido mucho.

La caza enferma de covidEl inicio de la crisis sanitaria, en marzo, les pilló con la temporada de caza recién terminada y las cámaras llenas de canales a las que el sector no pudo dar salida. En consecuencia, actualmente los precios están por los suelos (hasta el punto de que en la Lonja Agropecuaria de Extremadura, una de las dos que maneja carne de caza en toda España, este producto no ha cotizado recientemente). A esto se ha unido que en Alemania, donde la gente sí come caza en casa, se han detectado ya más de 70 casos de peste porcina africana en jabalíes, con lo cual la demanda ha bajado aún más.

Ha bajado hasta el punto de que se están suspendiendo monterías porque sin poder vender la carne de los animales que se abaten la rentabilidad mengua o directamente desaparece, aclara Hurtado. Además, el confinamiento que sufrió Madrid en fechas recientes sumó un nuevo problema, ya que los habitantes de esta ciudad copan entre el 20% y el 30% de los puestos de las monterías de toda España. Eso sin contar con que el  nuevo estado de alarma puede traer restricciones de movilidad entre regiones. Y si no se caza, se va a generar un enorme problema para los ecosistemas, la seguridad vial, la sanidad (zoonosis)… «Nos tienen que dejar cazar por el bien de la sociedad», reclama el gerente de ASICCAZA.

En ese sentido, 67 entidades representativas del mundo rural le han hecho llegar una carta al presidente del Gobierno demandando que la caza sea declarada actividad esencial y que, en consecuencia, se incluyan los desplazamiento de los cazadores entre las excepciones ante posibles confinamientos. El escrito -que va acompañado de un informe técnico del catedrático de Sanidad Animal e investigador del Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC) Christian Gortázar- recuerda los posibles efectos que tendría la paralización de la caza en algunas zonas de España cuando acaba de comenzar la nueva temporada. «Ocasionarán, sin duda, superpoblación de algunas especies (conejos, corzos, ciervos, cabras hispánica, jabalíes…) con consecuencias ambientales, económicas, de salud pública y de sanidad animal nefastas para España».

La caza enferma de covidHacen hincapié en el jabalí: «crece de forma exponencial» y la reducción de su caza «supondría que en el año 2021 nos podríamos encontrar con un incremento sin precedentes de la población española de esta especie en varios cientos de miles de ejemplares, verdaderamente difíciles de controlar en años venideros, y que pondrían en grave peligro las cabañas ganaderas y los cultivos agrícolas».

La carta recuerda también al presidente del Gobierno que la actividad cinegética, por sus características propias y las condiciones en que se desarrolla, no crea una situación de riesgo en la transmisión del coronavirus.

Entre las entidades que apoyan el documento se encuentran las organizaciones profesionales agrarias más representativas (ASAJA, UPA y COAG), ASSICAZA, la Real Federación Española de Caza (RFEC) o la Interprofesional del Porcino de Capa blanca (INTERPORC).

Parques nacionales

Si el Gobierno no da marcha atrás, el próximo 5 de diciembre entrará en vigor la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, que prohíbe la caza en estos espacios. Cuando se debatió, hace dos años, la cuestión en el senado, el PP expuso que esta restricción podría llegar a costar 320 millones de euros a los españoles, sin contar con los gastos derivados del control poblacional que habrían de asumir las administraciones públicas, en vez de cobrar por que los cazadores les hagan el trabajo.

Los parque nacionales suelen encontrarse en áreas despobladas y deprimidas, la España vaciada con la que tanto se les llena la boca a los políticos. Muchas de las poblaciones de estas zonas tienen en la caza su recurso fundamental, si no el único. Impedir que cazadores de toda España (y del extranjero en muchos casos) paguen por cazar, se alojen, coman en restaurantes y compren productos de la zona puede apuntillar a muchos pueblos.

La Reserva Regional de Caza de Riaño (León) ilustra muy bien esta realidad. Tres de sus cuarteles (Picos,Valdeón y Oseja) coinciden en el espacio con el Parque Nacional de Picos de Europa. La montaña oriental leonesa, despoblada y con escasos recursos económicos, recibe cada año muchos miles de euros por la subasta de los permisos de caza de esta reserva, pero estos tres cuarteles ahora van a perder esos euros y los que dejan los aficionados que se desplazan hasta allí fuera de la temporada alta de turismo rural.