Hacía muchos años que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había solicitado un nuevo juzgado de Familia para Burgos sin que el Ministerio hiciera demasiado caso, pero la pandemia lo cambió todo. El titular de este órgano cuando estalló la crisis sanitaria vio venir un incremento de asuntos y advirtió de que si no sumaban un segundo magistrado el colapso sería inevitable. Tras un primer impulso con una jueza de apoyo, finalmente, el año pasado, se concedió a la provincia un nuevo juzgado de Primera Instancia, que se especializó en estos asuntos a instancias del Decanato. Los datos actuales de respuesta avalan esta decisión, y eso que, como cabía esperar, los divorcios, separaciones y demás asuntos se han incrementado. 

Ya el pasado año hubo un importante repunte de parejas que pusieron punto y final a sus relaciones. En total fueron 337, con un incremento aproximado del 20% tras la covid, según datos del Consejo General del Poder Judicial. En el primer trimestre de 2022 han ingresado en los juzgados 131 divorcios, por lo que, de seguir esta tendencia, se superarán los 500 al final del ejercicio. 

En opinión de Pablo Monsalve, abogado especializado en asuntos de familia, «el incremento es normal después de las restricciones de la covid», ya que considera que «muchas parejas probablemente lo tuvieran decidido desde antes de la crisis sanitaria, pero la incertidumbre hacía que no tuviesen la determinación, o a veces ni siquiera la posibilidad económica, de iniciar un procedimiento». 

A día de hoy, advierte, se ha vuelto en parte a una situación previa a la pandemia. «Creo que en los primeros meses tras el encierro hubo incluso más trabajo que ahora en cuestión de divorcios y separaciones», sostiene al tiempo que puntualiza que «si echamos mano de las estadísticas desde que se legalizó en los años 80 no ha parado de crecer cada década, por lo que considero que el repunte entra dentro de la normalidad». 

Sin embargo, otra abogada especializada en este tipo de procedimientos, Tania Simón, sí que achaca a la covid-19 el fin de muchos matrimonios. «El toque de queda generó unos espacios de convivencia obligada que en aquellas relaciones que no iban bien derivó en una ruptura», sostiene. «Cuando los cónyuges no pueden disponer de un espacio personal, sino que pasan juntos más tiempo de lo habitual, afloran unos conflictos que, en ocasiones, venían de antes», añade. 

De hecho, indica Simón, el confinamiento incrementó los episodios de violencia de género e incluso sacó a la luz algunos problemas de alcoholismo en determinadas personas que, a la postre, fueron determinantes para iniciar unos trámites de separación. 

Por suerte para esas parejas que decidieron poner punto y final a sus relaciones, el proceso ha sido más  corto gracias a la creación de ese noveno Juzgado de Primera Instancia, que la Junta de Jueces decidió especializar en Familia. Así lo afirman los propios letrados, quienes han visto cómo se reducían considerablemente los tiempos de respuesta. «Los procedimientos van mucho más rápido, siempre dentro de la lentitud que acarrean estos temas, lamentablemente», defiende Monsalve, que habla de que ahora tardan en resolverse aproximadamente la mitad que antes: «Con solo un órgano, señalaban en un plazo de cuatro meses y a día de hoy son dos meses».

Y eso en divorcios que no son de mutuo acuerdo, porque en los que sí que hay conformidad la respuesta de los juzgados a día de hoy es todavía mucho más rápida. «He llegado a recibir una resolución en 20 días, lo cual era impensable hace un par de años», apunta Tania Simón. 

La agilidad del nuevo juzgado fue patente desde que se puso en marcha, en septiembre del año pasado, coinciden ambos abogados. Y es que Primera Instancia 9 no tenía ninguna carga de trabajo y llegó a señalar en cuestión de un mes. Obviamente, casi un año después de su creación, los tiempos se han ido igualando con respecto al otro órgano especializado en este tipo de asuntos. Tanto los letrados como los magistrados echan de menos, eso sí, que haya más equipos psicosociales para evaluar cuestiones de guardas y custodias, pues en este caso aún se tarda bastante en resolver.