La inspección técnica de edificios o de construcciones (ITE o ITC) es el instrumento que utiliza el Ayuntamiento desde 2012 para exigir a los propietarios de inmuebles, tanto privados como públicos de más de 40 años de antigüedad, que les sometan a un diagnóstico y realicen obras para su mejora si fuera necesario. Sin embargo, en los dos últimos años la pandemia ha lastrado esta obligación aunque, una vez superada, tampoco se nota una reactivación auspiciada por la desidia municipal a la hora de multar a las comunidades de vecinos o particulares que no lo hacen. Se mandan cartas desde el área de Licencias advirtiendo de una posible multa de hasta 1.000 euros pero nunca se ejecuta la sanción. 

Antes del 31 de diciembre de 2022 deben pasar la inspección un total de 707 inmuebles construidos entre los años 1974 y 1982 y cuando estamos en el ecuador del año solo lo han hecho diez. Bien es cierto que siempre se produce una aumento en los últimos meses pero este retraso no es nuevo. En 2021 sucedió algo parecido y solo 86 inmuebles construidos entre 1970 y 1973 de los 469 que conformaban el padrón cumplieron en plazo. Ello obligó al área de Licencias a ampliar el plazo en cuatro meses pero tras finalizar la moratoria el 30 de abril la presentaron 299, lo que supone un 63,80%, un porcentaje incluso inferior a 2020, en plena pandemia, que alcanzó el 69,3%. De las realizadas, 235 resultaron favorables y 64 desfavorables.

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