Castilla y León sigue sin contar con el censo poblacional de enfermos de alzheimer después de dos años de trabajos. Un registro que permitirá conocer el número real de personas diagnosticadas para así, según la Federación autonómica de Asociaciones de Familiares de Alzheimer, planificar y diseñar, de la forma más acertadas, las soluciones, los recursos y los apoyos con el objetivo de dar una respuesta integral a los afectados.

Con motivo de la inauguración de los actos del 25 aniversario de la Federación de Asociaciones de Enfermos de Alzheimer de Castilla y León, el presidente de la entidad, Domingo Aceves, señaló que la elaboración del censo corre a cargo de las consejerías de Sanidad y Familia, en colaboración con Afacayle. “Esperamos conocer el horizonte y tenerlo disponible”, precisó.

En este sentido, la consejera de Familia, Isabel Blanco, apuntó que la Junta trabaja en ese registro pero reconoció es “lento”. Con la información disponible, señaló que la Comunidad cuenta con unas 60.000 personas enfermas de alzheimer. “En el momento en que esté elaborado el censo, a la mayor brevedad posible, se hará público y se tramitará”, aseveró.

Antes de participar en la inauguración de los actos del 25 aniversario de Afacayle, Blanco mostró el compromiso de la Junta y su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, para proteger a las personas más vulnerables como son los enfermos de alzheimer. “La administración y los Servicios Sociales tenemos el gran reto de seguir colaborando con las 28 asociaciones y apostar por la detección precoz”, añadió.

La consejera subrayó, según recogió la Agencia Ical, la necesidad de prestar apoyo a los enfermos pero también a los familiares y los cuidadores, que sufren el alzheimer a diario. Citó algunos recursos que facilita la Junta como el apoyo psicológico y las jornadas de descanso para las familias. Se refirió a los cerca de cuatro millones de euros de inversión anual con los que colabora la administración autonómica, ya sea a través de la asignación tributaria en el Impuesto sobre la Renta, los conciertos, las prestaciones vinculadas a los usuarios y la financiación de la construcción de centros como el de la Asociación de Alzheimer de Segovia.  

Isabel Blanco apostó por la modernización de los servicios, gracias a los fondos europeos, después de que el Ejecutivo autonómico haya decidido ser la única comunidad de España para dedicar el 10 por ciento del presupuesto asignado a las entidades del Tercer Sector, a través de la Plataforma. De esta manera, las asociaciones trasladaron a la Junta los proyectos que querían llevar a cabo.  

Además, precisó que la Junta abrirá en 2022 una línea económica dotada con 1,5 millones de euros para proyectos de accesibilidad, que estará abierta a las entidades del Tercer Sector que no hayan podido beneficiarse de los fondos europeos.  

El presidente de Afacayle apostó por la detección precoz, tal y como recoge el lema del Día Mundial de la enfermedad de este año ‘Cero Omisiones. Cero Alzheimer’, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. También, urgió a poner en marcha el Plan Nacional de Alzheimer para contar con recursos para atender, de forma adecuada, a todos los enfermos.

Aceves agradeció a todas las personas que durante los 25 años de la fundación han trabajado para que la entidad preste sus servicios a los enfermos de alzheimer y sus familiares. “Al comenzar la federación, la situación era completamente distinta y el alzheimer no se conocía como tal. Fueron unos inicios muy duros y tuvimos la suerte que la Junta confió en nosotros y en nuestro proyecto”, declaró. Un proyecto que hoy lo conforman 28 asociaciones, 670 profesionales y más de 600 voluntarios para atender, en la medida de lo posible, los enfermos, familiares y cuidadores.  

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, afirmó que la institución colabora con la asociación provincial por la dignidad de las personas en el mundo rural, a través del Acuerdo Marco en colaboración con la Junta, para dar respuesta a las necesidades de los enfermos del alzheimer. Citó las viviendas tuteladas en algunos pueblos y los servicios de respiro como el del municipio de Íscar.