Quiñones defiende la legalidad de la venta de todoterrenos

SPC
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El consejero reivindica que la Junta ha renovado un parque obsoleto y obtenido «el mejor precio de mercado», mientras que el PSOE denuncia la opacidad del proceso

El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante su intervención en el Pleno de las Cortes. - Foto: Ical

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avaló ayer la legalidad de la venta de los vehículos todoterreno forestales que quedaron fuera de uso, un proceso que ahora se encuentra bajo investigación judicial, y defendió que a través de dicho proceso la Administración regional no solo ha renovado un parque obsoleto sino que ha obtenido «el mejor precio de mercado». El consejero de Fomento respondió así a la pregunta formulada en el Pleno de las Cortes por el socialista Ángel Hernández Benito, quien reclamó el nombre de quién decidió enajenar de forma directa parte de la flota y las razones concretas. De esta forma, el consejero –que comparecerá en la Comisión de Fomento el 26 de febrero para dar explicaciones–  negó que la Junta siguiera un proceso de enajenación directa y enfatizó que la decisión fue adoptada por «el órgano competente».
Pese a que el proceso se encuentra ya en manos del Juzgado de Instrucción 1 de Valladolid, Suárez-Quiñones precisó que fueron solo cinco las adjudicaciones directas de vehículos, tres de ellos a ayuntamientos socialistas y dos, en 2011, a una asociación soriana. Con respecto al resto de lotes configurados en cada una de las provincias, pese a que podían haber seguido el mismo proceso, el consejero detalló que se acometieron 31 procesos de adjudicación en los que se invitó a 208 empresas que hicieron 146 ofertas que, como insistió, «permitieron obtener el mejor precio de mercado», segúnEuropa Press.
Sin embargo, para el socialista Ángel Hernández el consejero tiene muchas cosas que explicar respecto del por qué lo que antes se enajenaba en subasta pública pasó, según insiste, a adjudicarse de forma directa de forma que «el dinero de los ciudadanos de Castilla y León se va a empresas privadas». 
Y es que Hernández incidió en que si bien el consejero ya aseguró en 2018 que se habían retirado vehículos con más de diez años de antigüedad, la realidad es que algunos de ellos tenía muchos menos años, aunque aseguró que uno de 1930 sigue en funcionamiento. Además, denunció que ninguno de los contratos se ha publicado en el Portal del Gobierno Abierto:«¡Esto no hay por dónde cogerlo!».