«No era tan alto cuando llegó», dice Rosa Sadornil, directora de la Asociación Hechos, mirando de hito en hito a Jonh Boye. El muchacho es un tallo, algo desgarbado como corresponde a quien aún se está formando, y muy simpático. No para de sonreír. Ni siquiera cuando recuerda las circunstancias por las que, con apenas 15 años, decidió que era buena idea irse de su país, Guinea Conakri: «Mi primo, que es algo mayor que yo, tenía clarísimo que se iba a marchar a Europa. Me preguntó que si quería acompañarle y yo no me lo pensé demasiado». Reconoce que el ambiente de su casa no era bueno y que desde los 12 se había trasladado a la de sus tíos. Ante la perspectiva de continuar viviendo en la pobreza, rodeado de violencia y conflictos familiares y sin un ápice de posibilidades de mejorar, se lió la manta a la cabeza: «Allí no era feliz», dice en perfecto castellano.
Senegal, Mauritania y Marruecos fueron las primeras estaciones de un viaje infernal en el que se dejó el poco dinero que pudo ahorrar. De ahí a Cádiz, en patera. Jonh fue uno más de los 16.000 inmigrantes que en 2016 intentaron llegar a Europa por España huyendo de la pobreza y de la violencia. Nada hay en su historia que sea más épico que en la del resto de sus acompañantes en la desgracia. Tampoco él entra en demasiados detalles. Cuenta que desde la ciudad gaditana llegó a Burgos en autobús y que en la estación se puso a esperar a que llegara la policía: «Solo traía conmigo la partida de nacimiento. Aquí me hicieron la prueba de la muñeca que confirmó que tenía 15 años y me llevaron a un centro».
Se refiere al Gregorio Santiago, del que la Junta es titular. Entre esta institución y la Asociación Hechos se ocupan de los menores extranjeros no acompañados (menas), un colectivo que está creciendo en los últimos años. Hasta el 31 de agosto se ha atendido en Castilla y León a 118 y las previsiones del área de Protección a la Infancia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es que lleguen a 130 a finales de año.
De ellos, en Burgos se contabilizaban 18 a fecha 20 de agosto aunque explican desde Protección a la Infancia que esta cifra puede variar porque a veces son trasladados a otras provincias. Quizás por este incremento la Administración solicitó a principios de año a la Asociación Hechos la apertura de una veintena de plazas. En marzo abrió una casa de acogida con 10 porque no contaba con equipos formados para dar cobertura a un número mayor, y en la actualidad está al completo.
Dos de sus habitantes son Boye, que lleva casi tres años en Burgos y ya es un avezado estudiante de Electricidad en el Padre Aramburu, y Sadiku Aliku, un chaval de 16 años procedente de Ghana, que lleva apenas 9 meses en Burgos después de atravesar África casi de punta a punta y llegar en patera a la costa española, en concreto, a Almería: «Es muy duro, muy difícil, pero allí no tenía nada, solo quería sobrevivir», dice en un español bastante más precario que el de su compañero. Está aún en fase de adaptación pero ya sueña con estudiar para ser soldador. Al contrario que Jonh, no tiene, de momento, su situación regularizada.
IDIOMA Y ESTUDIOS
En la casa de acogida, los menores están al cuidado de ocho educadores y llevan un vida totalmente normalizada. Aprenden español en Atalaya Intercultural y cuando ya se pueden desenvolver con cierta soltura son escolarizados en algún grado de formación profesional o en educación no formal enfocada al empleo. «Les inculcamos que el estudio es muy importante para rehacer su vida», afirma Rosa Sadornil. Y parece que esta idea va calando.
Al menos, Jonh lo tiene clarísimo: «Quiero terminar de estudiar y trabajar y llegar a tener mi propia empresa. Ojalá pueda volver a mi país para dar empleo allí a los jóvenes y que no se tengan que marchar», afirma el chaval, que en diciembre cumplirá 18 años. ¿Qué pasará entonces? La Asociación Hechos no le soltará de la mano, dice muy gráficamente Sadornil, y buscará para él un recurso para que pueda terminar su formación y encontrar cuanto antes un empleo. Hace algunos años, al principio de la década de los 2000, Hechos fue una de las ONG que en todo el país se hicieron cargo de los menores africanos que empezaron a llegar a Canarias y para su atención disponía de más recursos, entre ellos una casa de transición a la vida adulta: «En cualquier caso, encontraremos la manera de que Jonh pueda seguir estudiando».
Aproximadamente la mitad de los chicos que viven en la casa de acogida de Hechos son del Magreb y la otra mitad, subsharianos. Los datos de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta apuntan a que el 60% de los que están a Castilla y León -que no suponen, por cierto, ni un 1% del total de los que llegan a España, ya que prefieren quedarse en ciudades del sur, en la costa y en grandes capitales- proceden de Marruecos. Ghana y Guinea Conakri son otros de los lugares de origen más frecuentes y, en menor medida, les hay que llegan de Costa de Marfil y otros países.
sin documentación. A la mayoría de ellos los encuentra la Policía deambulando por las calles y en muchísimos casos sin documentación. Así, se tramita a través de la Fiscalía la determinación de su edad para confirmar que son menores y en el momento en que entran en un centro de protección de la Junta se trabaja con ellos de la misma manera que con cualquier otro menor en desamparo, salvo algunas variaciones vinculadas al hecho de que son extranjeros como la gestión de la documentación, el permiso de residencia, que se tramita desde el centro con el Ministerio del Interior, y la información que se les ofrece con respecto a la trata de seres humanos y a la posibilidad de solicitar asilo si se encuentran en el supuesto legal. A 30 de junio de este año la Junta tenía tutelados 1.295 niños, de los que 63 eran menores extranjeros no acompañados.
Técnicamente, un mena es un menor de 18 años que llega a territorio español sin ser acompañado de un adulto responsable de él ya sea legalmente o con arreglo a las costumbres y en el que se aprecia riesgo de desprotección. También se incluye en esta definición cualquier menor extranjero que llegó de forma legal pero que por distintas circunstancias se encuentra en un momento sin ningún adulto de referencia.
Desde la Junta reconocen un crecimiento exponencial de la presencia de menas en Castilla y León en los últimos años -de momento, como ya se ha dicho, van 118 pero se espera que lleguen a los 130- al igual que en el resto de España. En 2016 fueron 3.997 los que llegaron al país y en 2018, 13.795. «La inmensa mayoría de ellos son chavales que provienen de sitios muy difíciles y que lo que buscan son mejores condiciones de vida», dicen desde el área de Protección a la Infancia, que desmiente rotundamente la relación de este colectivo con hechos violentos: «En general, en el país, es muy bajo el porcentaje de menas que delinquen y en Castilla y León no tenemos constancia se haya visto ninguno implicado en un hecho delictivo».
En este sentido, también desmienten otro bulo que ha corrido de whastapp en whastapp y que asegura que cobran una paga de 640 euros: «No es cierto. Lo que tienen, como cualquier otro niño tutelado en un centro, es una especie de paga semanal, de dinero de bolsillo que no llega a los seis euros», afirma un portavoz de Protección a la Infancia. «Ojalá fuera cierto -ironiza la presidenta de la Asociación Hechos. Es absolutamente mentira, lo que tienen es una pequeña propina de 5 euros a la semana y con eso se tienen que organizar».