La Sociedad de Aguas se ha visto obligada a contratar seguridad en las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) tras registrarse un robo hace dos semanas de 500 metros de cobre de algunas mangueras que conectan con los cuadros eléctricos. Para ello, su presidente, Miguel Balbás, ha optado por modificar el contrato con FCC Aqualia, la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento, conservación y explotación de las instalaciones, por un importe de 37.000 euros para que se ocupe también de este cometido durante cinco meses.

La propuesta se llevó al último consejo de administración y el Partido Popular mostró sus reticencias al considerar que es una «prórroga encubierta» para ampliar el contrato con FCC Aqualia después de que la compañía haya renunciado a la prórroga, que finaliza en septiembre de este año. «Se nos trajo a los consejeros cuando todo estaba decidido y sin el correspondiente informe jurídico. Alegando la necesidad de dotar de seguridad a la depuradora se modifica y alarga el contrato a esta empresa tres meses más», afeó la portavoz popular, Carolina Blasco, quien recordó que este contrato se lo llevó en su día FCC Aqualia debido a la que otras dos empresas aspirantes presentaron bajas temerarias.

Blasco recordó que no hay pliegos redactados para el nuevo concurso, de modo que no se llegará a tiempo para cuando caduque el contrato. «A nosotros nos exigían que los contratos de más de 150.000 euros no se prorrogaran y ahora para el bipartito esa condición no rige pero no solo en Aguas sino también en la Gerencia de Servicios Sociales. Es más fácil dar 37.000 euros más a la empresa y que sigan», añadió.

El presidente de Aguas aseguró que confía en que el ahora gerente de la Sociedad, -anterior responsable de la depuradora-, pueda dar un impulso al nuevo contrato. «Tenemos un borrador que está bastante completo y quizás se pueda llevar a un consejo a finales de agosto o principios de septiembre», aseguró.

En este sentido, apuntó que si no se consigue resolver para la fecha prevista se contratarían otros dos meses más la seguridad. «Aqualia tiene la obligación de seguir prestando el servicio, tal y como establece la Ley de Contratos, aunque quizás nos aprieten para negociar las condiciones de esos meses de más pero ahí la Sociedad de Aguas para negociar», reconoció Balbás. 

Precisamente Aqualia ya anunció hace tres meses (ver DBde 27 de abril) que no tiene interés en que se haga efectiva la prórroga del contrato más importante por volumen económico de cuantos gestiona la sociedad municipal, sino que ha advertido que reclamará 2 millones de euros por el encarecimiento en la gestión de la planta de Villalonquéjar y, cuyo coste, a su juicio debe ser asumido por la empresa pública. 

El contrato de la gestión de la depuradora, el primero que se licitaba tras la ampliación de las instalaciones y tras una inversión que rozó los 57 millones, arrancó en septiembre de 2017 y fue adjudicado a Aqualia por un importe anual de 2,1 millones (impuestos excluidos). El problema se ha suscitado porque Aqualia defiende que los costes energéticos se han disparado. Entre otras cosas, por no haber podido utilizar un digestor secundario que abarate el centrifugado ya que se encuentra en este momento sin cubierta. A lo que se suma el encarecimiento de los reactivos que se utilizan para el proceso de depuración del agua.