Esta Comunidad se ha dotado de unos organismos de carácter público cuya misión es velar por los intereses de los ciudadanos. Su funcionamiento se paga con cargo a los impuestos de los castellanos y leoneses, pero si las Administraciones a las que supervisan esos entes se saltan a la torera sus dictámenes y recomendaciones -la mayor parte no vinculantes- su razón de ser queda entredicho. En resumen, es un dinero público malgastado. Un buen ejemplo de ello tiene que ver con la recalcitrante negativa del Ayuntamiento de Burgos a aportar a un vecino información sobre las exenciones de pago en las piscinas y pistas deportivas. Este ciudadano hizo su primera petición a Instalaciones Deportivas -área que dirige el concejal Leví Moreno- hace un año. A pesar de que el Comisionado de Transparencia se ha dirigido al Consistorio burgalés en dos ocasiones -la primera en mayo- para que atienda parcialmente la solicitud del interesado, éste aún no ha recibido comunicación ninguna al respecto.

Lo que venía a advertir el Comisionado en ambos escritos es que la Administración no puede invocar la Ley de Protección de Datos cada vez que no quiera hacer pública una información presuntamente sensible. El órgano que preside Tomás Quintana explica muy bien al Ayuntamiento qué pasos ha de dar para proporcionar al interesado la información que reclama o al menos a intentarlo. Este particular pedía los nombres de personas u organizaciones que se benefician de las bonificaciones de cuotas del Servicio Municipalizado de Deportes, así como su cuantía y la justificación concreta para aprobar tal exención. El Consistorio denegó su solicitud argumentando que se «pueden vulnerar los derechos de los afectados, en especial la protección de datos de carácter personal».

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